Arteaga, en la mira de la Justicia por presunto tráfico de influencias y asociación ilícita

Cuando en horas de la tarde del 21 de enero último una docena de policías ingresaron a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) con una orden de allanamiento y detención para el abogado Fernando Galimberti, se encendieron las alarmas en torno a él. Se trataba ni más ni menos que de la mano derecha, amigo y aliado político incondicional del titular del organismo, José Ramón Arteaga, quien quedó en el ojo de la tormenta y de la Justicia.

Un día antes, el magistrado Guillermo Atencio, le había enviado un exhorto al Juzgado Criminal y Correccional de turno en Ciudad de Buenos Aires para que hiciera lugar a la medida, ya que Atencio no tiene competencia allí. Los uniformados no solo ingresaron a la CNRT, sino también al domicilio particular del acusado, en busca de más pruebas en su contra, además de las que ya figuran en el expediente, y del secuestro de su teléfono celular.

La acusación es por “tráfico de influencias” en una causa que la fiscal Betina Lacki comenzó a investigar en 2014, luego de que Juan Roberto “El Tecla” Farías fuera asesinado de varios balazos el 1° de diciembre de 2010 en el hall de entrada de un edificio ubicado en calle 44 entre 26 y 27. Desde mediados de 2018, el expediente acumuló una larga lista de detenidos, tanto del ambiente judicial como funcionarios policiales de alto rango y hasta efectivos de calle.

Todos están envueltos en una causa por presunta “asociación ilícita, tráfico de influencias y encubrimiento”, acusados de armar una red para obtener dinero por medios ilegales, de pagarles a determinados funcionarios judiciales para liberar detenidos por homicidio, robo a mano armada, entre otros delitos. Según la fiscal, varios de los imputados cometían “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción, adulteración y venta, y comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas”.

La investigación cuenta con va­rias causas paralelas, es decir, desdobladas del caso principal a medida que fueron surgiendo nuevas pruebas y sospechosos, mientras que las demás fueron enviadas a juicio, aunque aún sin fecha determinada para el debate oral. Galimberti fue el último en ser arrestado, pero no se descartan nuevos imputados. Según la acusación, la mano derecha de “Joserra” cometió “tráfico de influencias” durante el período comprendido entre los años 2016 y 2018.

Amigos y aliados

“Joserra” siempre soñó con llegar a ser intendente de la capital bonaerense, pero el máximo cargo que ocupó fue el de concejal por el partido del Frente Renovador, y después logró escalar hasta ser el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en 2020. Como no podía ser de otra manera, uno de sus aliados incondicionales fue Galimberti, a quien llevó a trabajar en el organismo nacional.

A través de dudosas encuestas, en 2014 la consultora GyG de Galimberti posicionaba a Arteaga como la princi­pal alternativa del entonces massismo para ganar la intendencia. Sin em­bar­go, en las elecciones del año siguiente quedó rezagado y tuvo que tejer nuevas alianzas para continuar manteniéndose a costa del Estado. Además, ambos trabajaron juntos en la Fundación FundPlata. Se trata de una organización que promueve políticas a largo plazo para la capital bonaerense, pero sin una iniciativa firme.

En los próximos días, la Policía Científica investigará el celular de Ga­limberti para ver las conversaciones que este mantenía con su círculo más íntimo, mientras que su abogado, Marcelo Peña, solicitó la excarcelación.