Boudou, Echegaray y De Vido, cercados por la justicia

Boudou, acorralado por la causa Ciccone

La causa Ciccone sigue trayéndole fuertes dolores de cabeza al exvicepresidente Amado Boudou. Ayer, el juez federal Ariel Lijo solicitó al fiscal Jorge di Lello que requiera elevar a juicio oral la causa en la que el exnúmero dos de Cristina Kirchner es acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público.

Para el magistrado, existe semiplena prueba de que Boudou y su socio, José María Núñez Carmona, adquirieron en forma fraudulenta, a través de testaferros como Alejandro Vandenbroele y por medio de la empresa The Old Fund, el 70% de Ciccone Calcográfica, la única imprenta nacional capaz de imprimir papel moneda.

Según consta en el expediente judicial, todos ellos habrían presionado a Nicolás y Héctor Ciccone para quedarse con la empresa y conseguir grandes contratos con el Estado nacional.

Al presente, Boudou, Vandebroele, Núñez Carmona y los Ciccone se encuentran con procesamientos firmes en la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y en la sala IV de la Cámara de Casación Penal.

Complicidad extrema

El exvicepresidente no estuvo solo en todo este entramado de corrupción, sino que el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, participó activamente en el escándalo, ya que le dio desde el ente recaudador, un recurso extraordinario a Ciccone, empresa en proceso de quiebra, con un plan de pagos a doce años a una irrisoria tasa de interés.

Pero allí no queda todo, sino que tal como reveló Hoy en marzo del año pasado, Echegaray habría intentado quedarse con la maquinita de hacer billetes, pero Boudou le ganó de mano.

Según relató a nuestro diario Daniel Tunoni, un empresario marplatense presionado y perseguido por la AFIP, “Echegaray, junto a Fernando Villaverde, Sergio Vargas y Rafael Resnick Brenner, quisieron quedarse con Ciccone, pero Boudou les ganó de mano. Por eso el acto administrativo de quiebra de la imprenta lo hicieron Villaverde y Resnick Brenner”. 

“No quedan dudas de que Echegaray debe ser llamado a declarar en la causa Ciccone, ya que fue el primero que se quiso quedar con la empresa, que luego cayó en manos de allegados a Boudou. 

Echegaray debería estar imputado en la causa”, resaltó Tunoni. 

De Vido y Jaime, otra vez procesados

Otro día de malas noticias para el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien todavía no se recupera de las esquirlas que lo golpean tras el escándalo generado en torno a su exsegundo, José López, detenido mientras intentaba ocultar cerca de US$ 9 millones en un convento.

Ayer, el juez Sebastián Ramos procesó al exhombre fuerte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, en el marco de una causa que investiga supuestas irregularidades en la renegociación de contratos ferroviarios, entre 2003 y 2009. Además, le trabó un embargo de 500 millones de pesos.  Lo mismo dispuso para el exsecretario de Transporte K, Ricardo Jaime, ya preso por la compra de trenes chatarra.

Según las pericias, al no haberse hecho la renegociación se abrió una etapa de discrecionalidad en la asignación de los subsidios millonarios al transporte, además de laxitud en el control de las concesionarias, y de la falta de ejecución de las penalidades que debían sufrir las empresas cuando incumplían las normas. Esto, consideró el magistrado, redundó en un perjuicio para los usuarios, que debieron soportar un sistema ferroviario en malas condiciones.

La causa se inició en 2012, a raíz de una denuncia del secretario de la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y el Usuario de Transporte, Edgardo Carranza, quien alertó sobre la existencia de un “acuerdo” no firmado para que las empresas concesionarias del transporte pudieran seguir recibiendo subsidios por parte del Estado sin realizar inversiones. 

En este sentido, el caso adquiere relevancia al poner en evidencia uno de los efectos colaterales de los delitos que se le imputan a De Vido y Jaime: la tragedia de Once, que tal vez podría haberse evitado con los correspondientes controles y si los subsidios no se hubiesen direccionado a empresas amigas. 

Causas que lo complican

De Vido también fue procesado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la tragedia de Once, acusado de ser supuesto coautor del descarrilamiento y presunto partícipe necesario de la defraudación contra la administración pública. Por este caso, además, fue condenado a seis años de prisión Jaime, sobre el que pesan, a su vez, condenas por destrucción de pruebas en un allanamiento donde se investigaba su patrimonio y por recibir dádivas de empresarios a los que debía controlar.

En tanto, el exministro de Planificación se encuentra imputado por enriquecimiento ilícito; lavado de activos, en el marco de la Ruta del dinero K;

sobreprecio de obras en Santiago del Estero; fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado; y compra de trenes en desuso a España y Portugal.

Por otro lado, está denunciado por el reparto irregular de recursos a la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala; y fue citado a indagatoria, junto a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y decenas de exfuncionarios, por el desvío de fondos que debían destinarse a la construcción de viviendas del programa Sueños Compartidos.

Tuits que otorgan

Ayer, casi al mismo tiempo en que trascendía su nuevo procesamiento, embargo e inminente allanamiento (ver recuadro), De Vido se despachaba con más de dos decenas de tuits contra la política energética del gobierno y contra el cuestionado ministro de Energía, Juan José Aranguren. Nada dijo sobre su complicado presente por esa vía, pero más tarde, en un cruce periodístico, se 

limitó a expresar su “dolor” por el caso López, sobre el que dijo que “no sabía nada” y que no era su “mano derecha”.

El peso de la herencia sobre Ferrobaires

Ayer, tras conocerse los procesamientos y embargos contra Julio de Vido y Ricardo Jaime, el Auditor General de la Nación (AGN), Alejandro Nieva, recordó que “desde hace años” la AGN advierte las irregularidades en la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional Regulación de Transporte (CNRT), al tiempo que aseguró que “empresas como TBA no cumplían con las obras de mantenimiento y no recibían las sanciones correspondientes”.

“La falta de renegociación de concesiones ferroviarias posibilitó la discrecionalidad en los subsidios para la realización de obras”, sentenció el radical, quien, entre otras anomalías, mencionó que “hace un año y medio, la Secretaría de Transporte de la Nación autorizó el traslado de una formación en desuso a Ferrobaires, que hoy está como chatarra”.

Esto ratifica el informe elaborado por el diario Hoy y que el domingo pasado fue emitido en el programa Todo en uno (A24, de 15 a 17). En efecto, el envío mostró formaciones de la firma estatal Ferrobaires en estado deplorable, mientras que distintos especialistas y referentes políticos hablaron de “falta de inversiones, servicios cancelados y la incapacidad para unir destinos de la Provincia”, al tiempo que se identificó a la empresa como el “ícono de la destrucción del sistema ferroviario en la Argentina, convertida en una usina de negocios turbios por los distintos gobiernos”.

Como en los delitos que ahora se le imputan a De Vido y Jaime, la falta de controles y discrecionalidades se repite en la administración de María Eugenia Vidal con un modus operandi que tiene todo el sello K: el nuevo administrador de la empresa, el coronel de Caballería (R), Fernando Dotti, firmó un jugoso contrato que habilita el alquiler de locomotoras a empresas ligadas a personajes K como Cristóbal López y Lázaro Báez, quienes todavía deben explicar los millonarios negociados celebrados durante la década pasada.