En la causa contra el exagente se juzgan delitos cometidos contra más de 20 personas que fueron secuestradas entre septiembre y diciembre de 1978, por lo cual fue condenado a la pena de diez años de prisión.
04/07/2023 - 00:00hs
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por unanimidad, hacer lugar al recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, anular la resolución de excarcelación concedida a
Raúl Antonio Guglielminetti en la causa Chavanne-Grassi y reenviar las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento.
El máximo tribunal penal del país, integrado por el doctor Javier Carbajo como presidente, y por los doctores Mariano Hernán Borinsky y Alejandro Slokar como vocales, anuló el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 de la Ciudad de Buenos Aires que había concedido la excarcelación a Guglielminetti “en los términos del art. 317, inc. 4 del Código Procesal Penal, libertad que no se hizo efectiva por encontrarse el nombrado detenido a disposición del TOF nº 1 de esta ciudad, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 6 y del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén”.
Para resolver, los jueces ponderaron la falta de tratamiento del planteo efectuado por el fiscal de la instancia previa, vinculado con la omisión de la unificación de la respuesta punitiva seguida contra Guglielminetti, a la luz de las condenas que ya registra el nombrado en el marco de otras causas.
Cabe recordar que, en la presente causa Chavanne-Grassi, Raúl Antonio Guglielminetti, en su carácter de exagente civil de inteligencia del Ejército Argentino, fue condenado a la pena de diez años por considerarlo autor penalmente responsable en la privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia o amenazas, reiterada en nueve oportunidades.
Dicha condena fue confirmada por la misma Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el pasado 5 de junio de 2023. La causa principal se trata de un caso emblemático sobre la persecución a grupos económicos durante la última dictadura bajo la figura de “subversión económica”.
En el juicio se juzgaron delitos cometidos contra más de 20 personas que fueron secuestradas en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo, entre septiembre y diciembre de 1978. Todas las víctimas pertenecían o estaban vinculadas al grupo económico Chavanne, a Industrias Siderúrgicas Grassi o al Banco de Hurlingham S.A.