Causa Amia: La asociación memoria activa exige juicio a Domínguez, Vicat y Parascándalo

La asociación Memoria Activa pidió a la Justicia federal la elevación a juicio oral del presidente del Tribunal de Casación bonaerense, Federico Domínguez, procesado por supuesto encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA.

Fuentes de la entidad precisaron hoy que el pedido de clausura de la instrucción y paso a la etapa de audiencia pública alcanzó, a la vez, al comisario retirado y abogado Luis Vicat -habitual panelista de programas de TV como "experto en seguridad"- y la abogada Marta Nélida Parascándalo.

"Los tres participaron coordinadamente con el entonces juez Juan José Galeano, de la maniobra de desvío de la investigación a través de las coacciones ejercidas sobre policías que se encontraban detenidos en el marco de la causa AMIA o sobre sus familiares", consignó Memoria Activa. 

Desde 2015, la Justicia sustancia un juicio oral contra el ex juez Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex presidente Carlos Menem, sospechados de haber encubierto la investigación del atentado que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas en la sede de la mutual judía.

Si bien el caso se llevo a juicio, en instrucción se siguió avanzando sobre otros involucrados que no habían sido procesados en su momento. Entre las irregularidades que se ventilan en el juicio oral figura el pago de 400 mil dólares al entonces único detenido, Carlos Telleldín, para que prestara una declaración en la que acusó a policías bonaerenses, liderados por el ex comisario Juan José Ribelli, de haberse llevado la camioneta bomba.

De acuerdo a la querella de Memoria Activa, Domínguez, Vicat y Parascándalo presionaron a distintas personas "para que prestaran declaración con el fin de involucrar falsamente a Ribelli y, en consecuencia, robustecer la falsa hipótesis creada que lo vinculaba con el atentado".

Memoria Activa aseguró que "a cambio de sus testimonios, ofrecieron a los policías beneficios del tipo económico, laboral" o "una nueva identidad en el exterior", "aprovechándose de la situación de privación de la libertad", prometiéndoles "ser excarcelados o de mejorar sus condiciones de detención" y "bajo amenaza de que en caso contrario podrían mantener o empeorar esas situaciones".

En marzo pasado, la Cámara Federal porteña ratificó los procesamientos de Domínguez -acusado por hechos ocurridos cuando era abogado defensor del policía bonaerense Juan Bautista Huici, particular-, Vicat -que trabajaba de asesor de Galeano-, y Parascándalo -defensora del policía Alejandro Burguete-.

Para los camaristas, Vicat, Domínguez y Parascándalo habrían ofrecido, según el fallo, pagos de dinero y otros beneficios a testigos para que involucraran a Ribelli y otros policías bonaerenses en la denominada "conexión local" del atentado.

Según la acusación, "Huici relató que Domínguez lo indujo a mentir respecto a haber visto la Trafic blanca utilizada como cochebomba en la brigada" y recordó que luego el jurista "asumió como jefe de asesores de la Secretaría de Seguridad , desde donde tuvo también intervenciones irregulares en la causa".

Sobre Vicat, Huici también declaró que el ex comisario y abogado lo visitó en la cárcel para presionarlo y se presentó como "amigo personal de (el presidente de la DAIA) Rubén Beraja con todo el aval para charlar".

En cuanto a Parascándalo, indicó que su defendido Burguete "fue liberado de prisión tras acceder -tal como lo pretendía su abogada en coherencia con el resto de los actualmente imputados por encubrimiento- a mentir" y "presionó a otros policías para que declararan contra Ribelli"