Cristina también mencionó la obra de la represa: el oscuro negocio con China
22/02/2016 - 10:24hs
Están analizando el estado de la obra y los aspectos ambientales por el cual fue denunciada la mega obra que el kirchnerismo incluyó en el presupuesto por $43.000 millones, en la que se beneficia a empresarios K.
La obra de las represas de Santa Cruz, la millonaria promesa energética de Cristina Kirchner, lleva dos meses detenida. Las tareas principales no comenzaron y de los 1.800 trabajadores que se deberían haber contratado para esta etapa, la UTE (Electroingeniería, que es una de las más beneficiadas por la obra pública durante el gobierno K y Gezhouba) a cargo de la construcción sólo tuvo que quedarse con 949 que ya trabajan en los obradores.
El Gobierno nacional está en un período de “análisis y revisión” de la obra -en un trabajo conjunto entre el ministerio del Interior, el de Energía y el de Medio Ambiente- y desde la administración de Mauricio Macri aseguraron hay otras prioridades para el “destino de fondos”.
El 14 de febrero de 2015 la firma adjudicataria de la obra que está pautada para los próximos tres años en $ 43.413.423.833 según el presupuesto oficial que dejó el kirchnerismo, tuvo en mano la orden de trabajo que los habilitó a ingresar al predio de 76.411 m2. Antes de cumplir un año de trabajo, la obra se detuvo y será el Estado nacional quien defina la continuidad de la construcción o su suspensión temporaria.
En la actualidad se están únicamente realizando los trabajos en los obradores y futuras villas. Pero de las obras principales, etapa que se debería haber iniciado no se está haciendo nada y se está revisando la información.
Todo queda en familia
En la nota del 19 de julio de 2014 el dairio Hoy, denunciaba el entramado corrupto que dio génesis a semejante obra. En esa oportunidad el exdiputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán denunció penalmente “para que se investiguen los sobreprecios y por los terrenos inundables”. Además, los entonces diputados Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido le iniciaban una causa penal al Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y a cuatro funcionarios más por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado e incumplimientos de los deberes de funcionario público. Gil Lavedra aseguró que la licitación de las represas “violó todas las reglas del pliego” para favorecer a “los amigos” del Ejecutivo.
Es que el vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, había sido compañero de celda durante la dictadura del ex secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini, que también poseía la empresa Intesar, a la que Néstor Kirchner le adjudicó la distribución de la energía eléctrica en Santa Cruz a perpetuidad hasta el 16 de julio de 2088. Por ese motivo, con la adjudicación de las represas, Electroingeniería se iba a quedar con la construcción, la producción y el transporte de la energía.
La historia de los negociados que envuelven a la construcción de las represas se remonta al año 2010, cuando un consorcio integrado por Enrique Pescarmona, Eduardo Eurnekian y el grupo brasileño Camargo Correa se quedó con la licitación para construir las represas. Pero, el gobierno kirchnerista escatimó los fondos para comenzar los trabajos, a pesar de que estaban aprobados por la legislatura santacruceña y con el paso del tiempo la provincia y el consorcio ganador tuvieran que dar por finalizado el proceso de común acuerdo.
La intención del kirchnerismo era generar un nuevo proceso licitatorio que beneficiará a empresas amigas, como después sucedió.
A través del decreto 1091/2014 publicado en el Boletín Oficial con la firma de la presidenta Cristina Fernández, del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del ministro de Economía, Axel Kicillof, el gobierno faculta a Kicillof o al funcionario que él designe a suscribir en nombre de la Argentina acuerdos de crédito por 4.714.350.000 dólares con los bancos China Development Bank Corporation; Industrial and Commercial Bank of China Limited, y Bank of China Limited.
También se beneficia Báez
Además de otorgarle las obra a Electroingeniería, una empresa amiga del poder, en Santa Cruz también la construcción de las represas Néstor Kirchner, Jorge Cepernic fue favorecida al empresario amigo de los Kirchner y acusado de lavar dinero, Lázaro Báez. Sucede que las tierras que serán inundadas para la construcción de las represas pertenecen Báez y "estas represas inundarían esas tierras con la consiguiente indemnización al empresario”, según la exdiputada provincial de Santa Cruz, Mariana Zuvic, una de las principales denunciantes.
La Justicia tiene que determinar si hubo una cuestión de enriquecimiento por información privilegiada, ya sea para cobrar el dinero de la expropiación o por una mejora valuación de los campos al tener mejor acceso al riego.