Confirmado: Vidal le quitó un gran negocio a Cristóbal López

Estatizó el denominado Corredor Atlántico, que incluye la rutas 2 y 11. Estas autovías eran administradas por una ute conformada por el zar kirchnerista del juego, Eurnekián y otras empresas ligadas a los K 

Tal como estaba previsto, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal  firmó el decreto de estatización del denominado Corredor Atlántico, que incluye las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74. De esta manera, le quitó un negocio multimillonario a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integraban dos de los empresarios más favorecidos por el kirchnerismo en la última década: el zar del juego, Cristóbal López, y Eduardo Eurnekián, titular de Aeropuertos Argentina 2000.

Estas autovías conectan La Plata con las principales ciudades balnearias de la Provincia de Buenos Aires y a partir del 1° de diciembre quedarán bajo la administración del Estado bo­naerense. La empresa Aubasa, que actualmente tiene a su cargo la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta 6, será la encargada de explotar las rutas. En ese sentido, en la decisión de estatizar el Corredor Atlántico se tuvo en cuenta la falta de obras, de trabajos de mantenimiento, el deterioro de la traza y las importantes demoras que se registran durante el verano. 

“Según el gobierno bonaerense, a partir de marzo de 2017 comenzarán las obras para que los viajes de ida y vuelta a la Costa Atlántica sean siempre en autovía con doble calzada”, dijo Víctor El Kassir, titular de Aubasa. Según el funcionario, se fijó como prioritaria la construcción del doble carril de la Ruta 11 entre General Conesa y San Clemen-te, un tramo que cada verano registra un alto índice de accidentes y demoras para los automovilistas.

La UTE que estaba a cargo de la concesión, desde el año 2011, se llamaba Autovía del Mar. Estaba constituida por cuatro grupos empresarios: Benito Roggio e Hijos SA, Esuco SA (de Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción), Helport SA (de Eurnekián) y las constructora  CPC SA, ligada a Cristóbal López. La firma CPC SA ingresó al consorcio un año después de la adjudicación de la licitación mediante la compra del 20% del paquete accionario.

Ahora bien,  en reiteradas ocasiones este diario alertó que el hecho de ser parte de un servicio público, como es una concesión vial, debería haberle impedido a Cristóbal López poder comprar los medios de comunicación del Grupo Hadad, operación que fue avalada por la Administración Federal de Servicios Públicos que conducía Martín Sabbatella. La operación violaba la denominada ley de Medios que el propio kirchnerismo impulsó. 

En efecto, la presencia del zar del juego en el escenariuo mediático contradice el artículo 25 de la ley de Medios, que dispone que las personas que accedan al proceso de adjudicación de las licencias de medios audiovisuales no deberán poseer más del 10% de participación accionaria en empresas de servicios que tengan a su cargo la concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal.