Estafa millonaria al IOMA: el médico y su ex quedaron en libertad
La Sala II de la Cámara de apelaciones de La Plata le otorgó la excarcelación al profesional tandilense y a quien fue su mujer, detenidos desde el 12 de octubre por supuesto fraude a la administración pública. Un trámite exprés, con una fianza de solo $30.000
Luego de que el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, denegara la excarcelación de Julio Alberto Tamburelli y María Silvina Tornati, y mientras analizaba el pedido de la defensa del otorgamiento de “prisión domiciliaria”, la Cámara de Apelaciones II les concedió la libertad al médico tandilense y su exmujer acusados de truchar internaciones domiciliarias en una megacausa por defraudación al IOMA a través de sobreprecios y empresas fantasmas, cuya estafa ascendería a los $380 millones anuales.
Los camaristas Sergio Almeida, Laura Lasaga y Ricardo Szelagowski (h), determinaron la libertad de Tamburelli y Tornati bajo una fianza de $30.000 cada uno.
Los imputados estaban detenidos desde el 12 de octubre por el presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública” a través de la empresa de internación domiciliaria Flonic SRL, conocida como Clinicasa, que funcionaba en Tandil.
Según el fiscal de la causa, Jorge Paolini, el médico y su exesposa, “en su calidad de socios, defraudaron al IOMA mediante la presentación de documentación falsa que daba cuenta de la prestación de un servicio de internación domiciliaria para la afiliada Marta Sánchez que nunca se llevó a cabo” ni había sido solicitado.
“Me parece muy inusual”, opinó el juez Masi en diálogo este medio sobre el fallo de la Cámara II. Lo llamativo se extiende al contexto jurídico en el que se dio: luego de un recurso poco ortodoxo de la defensa, terminaron decidiendo dos instancias judiciales diferentes, casi superpuestas.
Y es que, como Masi ya había negado el 20 de octubre la excarcelación de los imputados, los representantes legales de los acusados presentaron un recurso de apelación paralelo ante la Cámara en La Plata. “En el mientras tanto, el abogado defensor pidió la prisión domiciliaria para el plazo en que la Cámara no les diera la libertad”, explica Masi, sobre una práctica que no es habitual.
Libertad a bajo precio
El juez de Garantías consideró, además, que “la suma fijada a modo de fianza es una risa, sobre todo teniendo en cuenta que están acusados de una defraudación al Estado”.
Aquí hay otro punto del proceso judicial que no corrió por los carriles corrientes: “Cuando se decide una libertad bajo fianza, lo que hace la Cámara habitualmente es devolverlo para que el juez de Instancia determine el valor, y acá lo fijaron directamente los camaristas. Estas cosas pasan muy rara vez”, agregó el magistrado.
La punta de un iceberg
La causa salió a la luz a partir de una investigación publicada por este diario en 2014. De los 65 casos de los que se sospecha defraudación, uno de ellos es el de la afiliada Marta Sánchez, en el cual IOMA le pagó a la empresa Flonic SRL $58.272, pese a que la mujer jamás recibió el servicio de internación domiciliaria.
Según Paolini, se reunieron pruebas que acreditan que el 30 de noviembre de 2012 el médico imputado inició en la delegación de Tandil de la obra social de los estatales bo-naerenses un trámite de internación para la afiliada Sánchez, estampó su firma y falsificó la del marido de la supuesta paciente, por la que se autorizaba a la empresa de su propiedad a hacer la prestación de internación domiciliaria.
“El médico hizo entrega de una supuesta historia clínica firmada por el imputado, de una planilla de presupuesto rubricada por la esposa del médico y socia de la empresa prestataria, un formulario de IOMA de solicitud de servicios de internación domiciliaria, una copia de un estudio de cerebro de la afiliada, fotocopia de DNI y recibo de sueldo”, agregó el fiscal.
En la causa, el marido de la paciente contó que en septiembre de 2013 lo llamaron de la delegación Tandil de IOMA para preguntarle sobre la internación domiciliaria de su mujer y si era su voluntad continuar con ella. En ese momento se enteró que se había dispuesto la prestación y puso en conocimiento a las autoridades.