Confirman suspensión de Echegaray en la AGN

Sucio por varias causas penales, el exdirector de la AFIP recibió otro cachetazo. La Cámara Federal rechazó los planteos de la defensa del garante de la impunidad K, quien pretendía volver a presidir la Auditoría General de la Nación

Sin importarle las múltiples causas pe­nales que lo tienen como imputado, el garante de la impunidad K, Ricardo Echegaray, pretendía que la Justicia lo restituya como presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano encargado, entre otras misiones, de investigar los casos de corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida judicial que había suspendido a Echegaray en su función como titular de la AGN, a raíz de un planteo realizado por los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez.

La medida, avalada ahora por la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, había sido tomada el 3 de junio pasado merced al recurso interpuesto por los legisladores de la Coalición Cívica, quienes argumentaron que Echegaray carecía de idoneidad moral para ser titular de la AGN debido a las causas penales en su contra.

Según se aclaró desde el ámbito judicial, se trata del “efecto devolutivo” que la jueza Claudia Rodríguez Vidal le otorgó a la apelación presentada por los abogados de Echegaray contra la medida cautelar por la cual fue suspendido en sus funciones.

El “efecto devolutivo”, en contraposición al “suspensivo”, mantiene la ejecución de la medida hasta que el tribunal superior, en este caso la Cámara, la revoque.

Por lo tanto, con la resolución dictada por la sala IV, la suspensión de Echegaray en su cargo quedó firme y no podrá volver a ocuparlo mientras tramiten las causas en su contra. La estrategia desplegada por su defensa cuestionó la suspensión en sus funciones dispuesta por la Justicia. 

Catarata de causas penales

Echegaray fue procesado por el juez Claudio Bonadio por los presuntos delitos de violación de secretos y falso testimonio en 2014, contra el ahora ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

El cuestionado funcionario K fue imputado e indagado por la presunta protección que la AFIP le dio al detenido empresario Lázaro Báez, y también se encuentra imputado por el juez federal Julián Ercolini en el marco de una causa en la que se investiga la retención indebida de 8.000 millones de pesos del impuesto sobre los combustibles líquidos, por parte del Grupo Inda­lo, encabezado por Cristóbal López. 

Además, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió su indagatoria en la causa por la compra de la imprenta Ciccone, en la que, entre otros, está procesado el exvicepresidente Amado Boudou.

Al respecto, desde nuestro diario sostuvimos, con testimonios claves, cómo el propio exjefe de la AFIP intentó quedarse con la empresa Ciccone Calcográfica antes que Boudou, quien le ganó de mano quedándose con “la maquinita de hacer billetes”. También evidenciamos todos los lazos que unían a distintos funcionarios que estaban bajo el mando del garante de la impunidad K con casos resonantes de lavado de dinero y narcotráfico, e incluso cómo gente de su riñón más íntimo de asesores participaron en la creación de empresas “fantasmas” para la ejecución de grandes negocios al margen de la ley.

Cuestionados por millonarios contrabandos

El extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y dos de sus funcionarios predilectos en la Aduana, Guillermo Michel y Daniel Santana, están en la mira de la Justicia y del Gobierno actual bajo sospecha de haber realizado maniobras millonarias de contrabando.

Con la nueva gestión quedaron retenidos 4.500 contenedores que nadie reclama. Cuatrocientos de ellos, con mercaderías estimadas en 57 millones de pesos, están en proceso de remate. Según trascendió desde diciembre pasado, el director general de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, frenó esa cantidad de contenedores por sospechar falsedad en la declaración del peso y de las mercaderías.

Los remates se hacían a través del Banco Ciudad y se ofrecían productos textiles, computadoras, pendrives, antenas, televisores, teclados, equipos de música, máquinas de coser, vestimenta y hasta un velero.

Se sospecha que con la connivencia de Echegaray se dejaban ingresar miles de contenedores por año, con pesos mal declarados y mercaderías prohibidas.

En la mecánica aduanera, los importadores deben declarar el peso y el tipo de producto de los contenedores. Si se verifica una falsedad, los contenedores son demorados. Los dueños pueden rectificar el peso y pagar el gravamen. Pero si en 90 días no reclaman los productos ni los regresan al puerto de origen, ingresan en la categoría de rezago y en proceso de remate, siempre que sea mercadería permitida en el país.