La Cámara Federal porteña confirmó ayer la detención del exministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio de Vido, y su procesamiento con prisión preventiva en la causa conocida como Yacimientos Carboníferos Río Turbio
“La libertad del imputado puede implicar un real obstáculo al cabal esclarecimiento de la maniobra y sus completos alcances”, afirmó el camarista Martín Irurzun, en una postura que compartió el juez Leopoldo Bruglia y en la que votó en disidencia Eduardo Farah, quien confirmó el embargo de 250 millones de pesos pero se pronunció a favor de concederle la excarcelación.
Tras esta decisión, el diputado nacional que cumplió años el pasado martes 26 de diciembre seguirá preso en la cárcel de Marcos Paz y a su defensa le quedará recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal. En esta causa, la Justicia lo investiga por “administración fraudulenta” a raíz del desvío de 265 millones de pesos de fondos públicos destinados a la reconversión de la mina y a un tren turístico.
Los jueces Irurzun y Bruglia sostuvieron que la investigación a cargo del juez federal Luis Rodríguez “se encuentra en pleno y constante avance” con “múltiples medidas directamente enfocadas al quehacer ilícito que se reprocha” a De Vido. “Continúa siendo objeto de investigación el destino que habrían tenido los fondos públicos comprometidos, cuya ubicación y recuperación es -por su naturaleza- uno de los objetivos prioritarios”, destacaron.
Según los camaristas, la responsabilidad del exministro se evidencia en el “uso que se dio a las millonarias sumas dispuestas para la concreción del ambicioso proyecto”. Cabe recordar que el diputado fue detenido en esta causa tras el desafuero parlamentario y luego quedó procesado con prisión preventiva en otra investigación por la compra de buques de gas licuado.
Asimimo, es juzgado por la tragedia del tren de Once, está procesado en la causa por fraude en la obra pública en Santa Cruz, y es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.