Continúa el repudio a la represión en Jujuy

Nuevamente, distintos sectores sociales y políticos se expresaron en contra de la represión llevada adelante por el gobierno de Gerardo Morales, en el marco del repudio a la reforma de la carta magna de la provincia de Jujuy.

Ayer se realizaron movilizaciones en varios puntos del país. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones so­ciales se congregaron en la Casa de la Provincia de Jujuy durante el mediodía.

A su vez, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, instruyó al Ministerio de Justicia para pedir la inconstitucionalidad de los artículos de la reforma “que violan la Constitución nacional y los tratados internacionales”.

“Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática”, apuntó el mandatario en una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Allí, citó a la Comisión Intera­mericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, organismos que han expresado la preocupación por los hechos sucedidos en la provincia.

A partir de los argumentos que utilizaron dichas entidades, Fernández instó “de forma definitiva al go­bernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

“No se lo pide este Presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy”, expresó.

Así también lo hizo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien de manera contundente le pidió a Morales: “Hágase cargo”.

“¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia?”, cuestionó la funcionaria luego de compartir el pedido del Alto Comisionado de la ONU para “hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy”.

“Y sobre todo, gobernador Morales, deje de hacer el ridículo echándoles la culpa a los demás de lo que sucede en Jujuy. Usted es el primer y gran responsable”, concluyó la exmandataria.

Por otro lado, se dio a conocer también que, a partir del habeas corpus presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el juez Jorge Zurueta solicitó a la Policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes.

También pidió que se dispongan “los medios necesarios para evitar una nueva escalada represiva, a fin de preservar la vida y respetar los derechos de todas las personas intervinientes”, según informó la cartera de Horacio Pietragalla Corti, quien se encuentra en Jujuy.

El repudio de los gobernadores

Mediante un comunicado, la Liga de Gobernadores expresó su “más enérgico repudio a la represión desatada que está sufriendo el pueblo jujeño”. “La democracia y el federalismo se construyen sin violencia”, añadieron.

Los mandatarios provinciales recordaron que “este año celebramos cuatro décadas de democracia ininterrumpida en Argentina” y que “es muy doloroso observar cómo nuevamente se recurre al ajuste salvaje y a las medidas regresivas como las únicas alternativas y a la represión como la contrapartida para garantizarlas”.

Lo mismo hicieron los vicegobernadores. En este caso apuntaron a Morales por haber difundido “adrede una noticia falsa para intentar responsabilizar al kirchnerismo de los incidentes que sus políticas regresivas causaron”.

Además, plantearon su “profundo desagrado por el intento de aprovechamiento político, sobre la base de acusaciones infundadas e irresponsables” por parte de Juntos por el Cambio, “con una conferencia de prensa de campaña cuya finalidad no fue, precisamente, la de llevar tranquilidad a las y los argentinos, sino todo lo contrario”.

El documento tiene la firma de Verónica Magario (Buenos Aires), Rubén Dusso (Catamarca), Analía Rach Quiroga (Chaco), Ricardo Sastre (Chubut), María Laura Stratta (Entre Ríos), Eber Solís (Formosa), Mariano Fernández (La Pampa), Florencia López (La Rioja), entre otros funcionarios.

Persecución con ­precedentes

Luis Paz, abogado de la dirigente Milagro Sala, aseguró que estos sucesos represivos comenzaron con la detención de su defendida y “la comisión completa de la Tupac Amaru”.

Además, calificó como una “fantochada” la reforma de la Constitución: “Es la legalización de lo que viene ocurriendo desde diciembre de 2015, con el aumento de los miembros del Tribunal Superior de Justicia y su cooptación con seis militantes radicales allí”, apuntó.

Paz aseguró que, con estas ­condiciones en la Justicia, “Jujuy se iba a transformar en un laboratorio represivo”.

Por otro lado, el letrado denunció que, durante los hechos de violencia, “fueron a la casa de Milagro el juez de Ejecución de la Pena ­Carlos Emilio Catán, el juez ­Fernández y el fiscal Rondón”, y que intentaron verificar si la dirigente social estaba en su casa, “cuando hace prácticamente un año que estamos pidiendo que Milagro sea trasladada a la provincia de Buenos Aires”.

“El espionaje que se le hace a Milagro, las 24 horas del día, lo tenemos denunciado desde que fue detenida. Ese es el servicio de Justicia de Jujuy cooptado por el radicalismo”, relató Paz.