Cooperativas, en jaque por el modelo económico

Los tarifazos en la energía, el desplome del consumo interno, la apertura de importaciones y la falta de apoyo estatal limitan las posibilidades de subsistencia de más de 12.000 empresas en todo el país

La Argentina es un país que tiene una importante tradición en lo referente a emprendimientos cooperativos, incluyendo en este sector también a las llamadas “empresas recuperadas”, que sus propios trabajadores han puesto a producir en momentos en que sus dueños las habían dejado en quiebra. 

Según datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), existen en territorio nacional 12.760 cooperativas de trabajo, que nuclean 87.486 puestos laborales. A su vez, el último relevamiento realizado este año del programa de extensión Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, registró 370 empresas recuperadas, con casi 16.000 trabajadores. 

Todo ese potencial productivo está hoy en crisis debido a una serie de políticas implementadas, desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, que amenazan la continuidad de los emprendimientos. Entre las mismas, hay cuatro principales: los aumentos en las tarifas de la energía eléctrica, la apertura importadora, el desplome del consumo interno y la caída de la demanda estatal.

Manuel De Arrieta, gerente coordinador de la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra), detalló a diario Hoy que “los incrementos tarifarios han afectado particularmente a las cooperativas que tienen un uso intensivo de la energía”, entre las que mencionó a las metalúrgicas, las dedicadas a la producción de cristales o vidrios, y las papeleras. En ese sentido, ejemplificó con el caso de Unión Papelera Platense que “a fines de 2015, principios de 2016, estaban pagando 600.000 pesos entre luz y gas, y este año han sobrepasado los 2 millones de pesos”. 

De hecho, un informe elaborado por la Fecootra a mediados del año pasado señalaba que los aumentos iban en el caso de la electricidad, “del 300 al 600%”, y en el gas rondaban “el 500%”. “En las más pequeñas también impactó, cooperativas que pagaban 3.000 o 4.000 pesos de luz, y que les subió a más del doble”, afirmó De Arrieta.

De la misma forma, Matías Retamosa, trabajador de la emblemática empresa recuperada neuquina productora de cerámicos Fasinpat (ex-Zanón), señaló a este medio: “Pagábamos alrededor de 1.200.000 pesos de gas, y con el tarifazo del año pasado nos vinieron 8.100.000. De luz nos venían 400.000 pesos y pasó a 1.500.000. No estamos en condiciones de abonar semejante cifra”.

El alza de costos generales que vienen sufriendo estos sectores de la economía pesa más que en otros, ya que no tienen posibilidades de reducir otra cosa que no sea el propio sueldo. “Muchas veces esto no se puede trasladar al costo del producto, porque si lo hacen se quedan sin mercado. Entonces lo que van ajustando es el ingreso de la mano de obra, que son los asociados. Al no tener un respaldo económico o financiero, el margen de ajuste que les queda para poder subsistir es ese”, afirmó el secretario de Fecootra. 

Solo algunas pocas empresas cooperativas iniciaron procesos de reconversión para la apertura de nuevos mercados, aunque según explicó De Arrieta, se trata de las que “tienen alguna espalda financiera, que les permitió generar nuevos productos o mayor valor agregado al producto que realizan. En otros casos eso es imposible, porque es un producto final que no les podes agregar más valor. O en el mercado textil, donde le afectó fuertemente la importación extranjera”.

Consumo, en baja

“En general las cooperativas y empresas recuperadas vivimos del mercado interno. Estamos en la misma situación que las pymes. Hubo aproximadamente un 40% de caída en las ventas”, afirmó a este diario José Sancha, secretario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y presidente de la cooperativa Decosur.

La pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, generada por la escalada inflacionaria, repercute directamente en las ventas de las cooperativas y empresas recuperadas, que ven decrecer sus ventas al mismo ritmo. En ese marco, De Arrieta definió al combo entre tarifazo y caída del consumo como “un impacto doble. La baja en las ventas estuvo más o menos en un 30%”.

A su vez, también cayó la demanda desde los organismos del Estado, que durante varios años mantuvo regímenes de compras a empresas cooperativas y recuperadas. El mencionado relevamiento del programa Facultad Abierta ejemplifica con datos del Ministerio de Seguridad que “compraba chalecos, uniformes y ropa de trabajo a las cooperativas de la Red Textil Cooperativa, provocando el cese del trabajo de la mayoría” cuando el año pasado dejó de adquirir mercadería.

De hecho, alrededor del 70% de las cooperativas existentes en el país están dedicadas a servicios y construcción, vinculadas a distintos programas del Estado. En este punto, José Sancha señaló que “hubo una caída en la demanda pública. Y a su vez se da también un proceso de descooperativización en áreas de construcción y servicios. Si esto sucede, es decir, si se desarman las cooperativas que se fueron generando en los últimos años en estos rubros, sería el paso previo a la existencia de un subsidio por desempleo”.

Números de esta realidad

-La caída en las ventas fue de entre el 30% y el 40%

-Hay 370 empresas recuperadas, con 16.000 trabajadores

-Sufrieron aumentos de entre el 300% y el 600% en electricidad y del 500% en gas

-Hay 12.760 cooperativas de trabajo en la Argentina, que nuclean 87.486 puestos laborales

-Las metalúrgicas, textiles, productoras de vidrios y cristales fueron afectadas por la apertura importadora

La política del veto

Otro de los problemas generados en los últimos dos años para las fábricas recuperadas es el aumento sistemático de los vetos de los poderes ejecutivos (nacionales, provinciales y municipales) a las leyes de expropiación, a pesar de que son votadas y aprobadas por los Poderes Legislativos, acción que deja en el marco de la ilegalidad a estas empresas cooperativas que sus propios trabajadores lograron poner de pie. 

El relevamiento realizado por el programa de extensión Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires enumera varios casos sucedidos en los últimos dos años, como el del Hotel Bauen y el restaurante La Robla de Capital Federal, la autopartista Acoplados del Oeste en Merlo, la fábrica de cierres relámpago Depe en Lavallol, o la fábrica de pinturas Cintoplom de Ciudadela. 

Esto es un riesgo para la posibilidad de subsistencia de empresas que terminan quebrando pero que pueden ser rescatadas y puestas a funcionar por sus obreros. De hecho, según el mencionado estudio, “a partir de 2008 hasta la fecha, las recuperaciones de empresas superaron en cantidad a las del período 2001-2004, lo que muestra que se trata de un proceso que tiene continuidad”, pero que ahora se ve amenazado por la decisión gubernamental de frenar los procesos a través del poder de veto a las expropiaciones.

Competencia desleal

La apertura importadora generada desde la asunción del gobierno de Cambiemos condena a un sector de las cooperativas a enfrentarse a una competencia desleal en la que tienen escasas chances de ganar.

Pablo Peláez, integrante del programa de extensión Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, remarcó a este diario que los datos preliminares del último relevamiento que se encuentran realizando arrojan que “un 82% de las empresas 

recuperadas metalúrgicas aseguraron haber sido afectadas por la apertura de las importaciones, mientras que en las textiles el número fue del 67%”.

Según detalló el secretario de Fecootra, Manuel De Arrieta, “estos sectores de las cooperativas están afectadas particularmente por la importación desde China e India, por ejemplo de acero”.