Corrupción K: saben y callan

La conducción de la AFIP, con Ricardo Echegaray como máximo exponente, también jugó un rol clave en el proceso de enriquecimiento de la familia presidencial. No sólo porque hizo la vista gorda antes las presuntas maniobras de lavado de dinero a gran escala que involucraron a los Kirchner y al empresario Lázaro Báez, sino también porque funcionarios del organismo recaudador contribuyeron a truchar las declaraciones juradas de la familia presidencial, con el objetivo de que no avancen las causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese sentido, poco tiempo después de asumir como titular de la AFIP, Echegaray envió un equipo de funcionarios del organismo recaudador al sur para reunirse con el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, con el objetivo de esconder las graves inconsistencias de las declaraciones juradas. Eso le permitió, al inefable juez Norberto Oyarbide, cerrar la causa por enriquecimiento ilícito. Pero aún no está dicha la última palabra: en Derecho existe lo que se conoce como “cosa juzgada írrita”, que se produce cuando se arriba a una decisión de manera fraudulenta, por ejemplo, cuando el juez no busca la verdad. Es decir, podrían reabrirse causas de corrupción.

Ayer se conoció que Lázaro Báez reconoció ante la AFIP lo que en público calla. Admitió que pagó por un total de 2300 habitaciones en el hotel Alto Calafate, de propiedad de la familia presidencial a lo largo de tres años, al mismo tiempo que alquiló dos de sus salones, según consta en los convenios confidenciales que entregó al órgano recaudador. Estos documentos forman parte de la causa Hotesur que instruyó el juez Claudio Bonadío.

Fruto de esa operatoria hotelera, los Kirchner recaudaron por lo menos US$ 4 millones, más otros $ 11,5 millones entre fines de 2008 y mediados de 2013 a través de Hotesur, la firma con que controlan el hotel Alto Calafate, según surge de documentación adicional del grupo de empresas de Báez. Es decir, un total cercano a los US$ 6,2 millones según la evolución del tipo de cambio a lo largo de todo ese período.

La operatoria que admitió Báez alcanzó a siete de sus empresas, según consta en esos y otros documentos, que exponen una maniobra con dos grandes pasos. El primero fue que esas empresas firmaran convenios con Valle Mitre, la firma del propio Báez con la que gerenció el Alto Calafate entre 2008 y 2013. Y el segundo paso ocurrió cuando Valle Mitre, con los $ 23,7 millones que le aportaron esas siete empresas, comenzó a justificar los millones que empezó a pagarles a los Kirchner.

El primer contrato se selló el 10 de noviembre de 2008. Es decir, apenas tres días después de que los Kirchner tomaron el control del Alto Calafate a través de Hotesur SA. Entonces firmaron un contrato "de locación" con Báez, quien aceptó pagarles US$ 80.000 más IVA por mes a los Kirchner entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, cerca de US$ 2,5 millones, más IVA. Con el segundo contrato -"de cesión de explotación"- entre Báez y Hotesur, en tanto, el contratista de obra pública acordó un pago inicial de US$ 100.000 más otros US$ 40.000 por mes, también entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, otros 1,34 millones de dólares. Por último, con el tercero contrato "de locación" que reemplazó al primero y rigió entre mayo de 2011 y hasta su rescisión en julio de 2013, los Kirchner y Báez establecieron un canon de $ 408.000 por mes, más un seguro de US$ 5 millones. Es decir, casi $ 11,5 millones adicionales (cerca de US$ 2,4 millones según la evolución del tipo de cambio), más el seguro.

Consciente de la sensibilidad de esa información, Báez buscó que esos convenios se mantuvieran bajo llave cuando se los entregó a la AFIP. Trató además de recuperarlos en cuanto resultó posible. Pero igual salieron a la luz por el accionar judicial. Y ahora se exponen nuevas inconsistencias en los negocios hoteleros de los Kirchner con el empresario que recibió al menos $ 8800 millones de la Nación (en su mayoría con ejecución provincial) en contratos de obra pública durante los últimos 10 años.

A fines de 2013, una investigación del diario La Nación había revelado -por primera vez- los principales tramos de esta operatoria, sobre la base de los registros del grupo Báez. Detalló que sus empresas pagaban millones de pesos por cientos de habitaciones en los hoteles de los Kirchner, sin utilizar esas reservas. En otras palabras, la conducción AFIP siempre estuvo al tanto de los negociados de la familia presidencial y decidió callar. El silencio los condena.

Denuncian espionaje ilegal

La Procuración General en torno a las escuchas de inteligencia quedará bajo la mira judicial a partir de hoy cuando el legislador porteño Gustavo Vera, estrechamente vinculado con el Papa Francisco, presente una denuncia en la Justicia en la que sostiene que él y otros miembros de su organización de lucha antimafias, La Alameda, están siendo espiados.

Sin embargo, la trama encubre una interna entre las diferentes estructuras en las que se está rearmando el sistema de espionaje.

“Que La Alameda le pregunte a Parrilli”. Así respondieron, por lo bajo, en el entorno de la procuradora Alejandra Gils Carbó al ser consultados por la denuncia de Vera, en la que sostiene que desde el nuevo Dicom (reemplazó a la ex Ojota, que se encargaba de realizar las escuchas) los están espiando “de forma ilegal”.

Oscar Parrilli, junto a Juan Martín Mena, son los jefes de la AFI (ex SIDE), reformada luego de las disputas del Gobierno con Jaime Stiuso. El tercero en ese armado es Marcelo Sain, titular de la Escuela Nacional de Inteligencia, que dota de nuevos agentes a los equipos de inteligencia.

Pero el sector de escuchas, Dicom, quedó bajó la órbita de Gils Carbó, a cargo de la fiscal kirchnerista Cristina Caamaño. Para sustentar la presentación, Vera pide que se cite como testigo a Jorge Rodríguez, quien recientemente publicó un libro sobre el narcotráfico y que durante dos años y medio trabajó bajo las órdenes de Caamaño en el Ministerio de Seguridad (cuando lo comandaba Nilda Garré).
Según la información a la que tuvo acceso el titular de La Alameda, en los pasillos del Dicom habría circulado “un memo interno sin firma pero con membrete oficial de la Procuraduría, donde se hacía especial hincapié en el espionaje de celulares, mails, mensajes y WhatsApp de ‘los alamedenses’”.