Corrupción sciolista: desapareció el 10% del presupuesto

Como lo anticipó en exclusiva Hoy, el fiscal Álvaro Garganta recolectó pruebas contundentes sobre el saqueo en la administración bonaerense

Extracciones en efectivo de las cuentas públicas por más de $20.000 millones, entre enero de 2014 y diciembre de 2015, en plena campaña electoral. Casi siete toneladas de dinero retiradas de sucursales del Banco Provincia, que hoy el fiscal Álvaro Garganta busca determinar a dónde fueron a parar. Se acusa al exgobernador bonaerense, Daniel Scioli, por lavado de dinero, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Las sospechas, basadas en una denuncia de Elisa Carrió (ver aparte), se extienden al exjefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, y al extitular de Aguas Bonaerenses (ABSA), Guillermo Scarcella.

Los retiros de dinero en efectivo equivalen a casi el 10% del presupuesto provincial, que en 2015 fue de $230.000 millones. Entre 2014 y 2015 se extrajeron $ 14.600 millones del Bapro y $ 5.805 millones de cuentas como Provincia Leasing, Provincia Seguros y otras del Grupo. La suma total contabiliza los $ 20.405 millones retirados por caja y configuraría uno de los saqueos de fondos públicos más grandes de la historia.

Garganta pidió a las autoridades del Banco Provincia que respondieran cuánto dinero en efectivo se retiró de cuentas públicas desde enero de 2014 a diciembre de 2015. Cuando recibió la información, se determinó que el Bapro, el Tesoro de la Provincia y otras cuentas públicas habían cobrado por mostrador $20.000 millones en un año.

El fiscal se pregunta cómo hicieron para retirar tamaña cantidad de dinero del Banco, para lo que se habría necesitado la colaboración de camiones de caudales para transportar los billetes. 

Las sospechas de la Justicia se originan en que las extracciones se realizaron en metálico sin ningún tipo de control. De este modo se violaron las reglas de la administración pública, incumpliendo con las leyes antilavado y, presuntamente, dirigiendo el dinero a la campaña o enriquecimiento de funcionarios de la gestión sciolista.

En busca del dinero S

El fiscal tiene probado que la Jefatura de Gabinete bonaerense retiró, entre 2014 y 2015, $17 millones de dos cuentas extrapresupuestarias. 

Una de esas cajas es la que acumulaba los fondos recaudados por los $20 que el gobierno bonaerense cobraba por cada DNI nuevo. Otra, la que recibía el dinero de los trámites de denuncias que hace la Policía Bonaerense.

Comprobantes que figuran en la causa probarían la estafa y el lavado de dinero. Se trata de facturas de los proveedores que resultan inconsistentes e ilegales para Garganta. Por ejemplo, la factura de la empresa Back Publicity, una de las proveedoras de la Provincia de Buenos Aires, inició sus actividades en noviembre del 2012. Sin embargo, en casi 4 años solo hizo 188 comprobantes. El importe total es de 255.000 pesos por materiales en formato digital que no se detallan. Tampoco se indican los precios por unidad ni los detalles del trabajo realizado.  

Lo mismo ocurre con el comprobante de la firma Estrella Tour por 205.000 pesos. Los servicios no se clasifican, solo se detallan traslados por la semana de la seguridad vial sin especificar el precio unitario ni la cantidad de pasajeros transportados. 

¿Para qué era la plata extraída y a dónde habría ido? Esta es la ruta del dinero S que Garganta busca reconstruir, e incluso sus peritos estarían analizando una posible asociación ilícita, ya que sería imposible manejar tantos fondos sin la complicidad de gente capaz de estructurar el posible delito desde el poder. Los llamados a indagatoria contra los altos funcionarios sciolistas no tardarían en llegar.

Carrió, contra las “cajas negras” de la Provincia

A fines de mayo, Elisa Carrió denunció en la UFI 11 de La Plata, a cargo de Garganta, desmanejos en la administración sciolista de la Provincia. Habló de cinco cajas políticas y Garganta decidió avanzar en la investigación.

Los delitos que acusó la diputada de la Coalición Cívica iban desde la defraudación a la administración pública hasta el lavado de activos que, según la aliada de Cambiemos, podrían incluir el enriquecimiento ilícito.

La presentación incluyó a Daniel Scioli y alcanzó también a su exjefe de Gabinete, Alberto Pérez, a funcionarios de diversos organismos apuntados bajo el cargo de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y al fiscal de delitos complejos, Jorge Paolini, por “encubrimiento” Este último, de acuerdo a la acusación, sería ahijado del exministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y habría contado con el paraguas protector de la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo.

Las cajas negras que Carrió describió en su presentación son las cuentas extrapresupuestarias y las extracciones de dinero sospechoso. Los sobreprecios en la construcción del Puerto de La Plata, las estafas en IOMA, con desvío de prestaciones y facturas apócrifas por casi $1.500 millones son algunos de los hechos sobre los que Hoy ha dado acabada cuenta, además del juego clandestino y ABSA, manejada por Guillermo Scarcella.

Precisamente, Carrió puso el foco en la estrecha relación entre Scioli y Scarcella, quien presidió la empresa de agua durante ocho años. A él lo acusa de ser el titular de varias entidades anónimas, que podrían haber sido utilizadas en algún circuito de lavado de dinero.

Carrió, de hecho, pidió que se investiguen las relaciones patrimoniales entre Scarcella y Scioli por la posible complicidad en el lavado de activos, ya que, por ejemplo, el extitular de ABSA aparece como propietario de tres campos del excandidato presidencial en Tandil.