Crece el malestar en la Policía Bonaerense

Los policías se quejan por estar muy detrás de la inflación respecto al aumento salarial, y cayeron en la cuenta de que la promesa del ministro Cristian Ritondo de la equiparación con la Metropolitana fue una gran mentira. La diferencia alcanza al 50 por ciento

En medio del escándalo que sacude a la fuerza, nos referimos al sistema de recaudación ilegal que quedó en evidencia en La Plata luego del secuestro de 36 sobres con más de 157 mil pesos el pasado 1º de abril en la Departamental local, se incorpora otra cuestión que atraviesa a la repartición: una profunda crisis salarial.

Es que el gobierno de María Eugenia Vidal le otorgó un aumento a la Policía Bonaerense del 25 por ciento dividido en tres tramos, con lo que hasta septiembre solo percibirán un incremento menor al 15 por ciento, cuando la inflación en el primer cuatrimestre, de acuerdo a la mayoría de las consultoras ronda el 20 por ciento y la anual supera ampliamente el 40%. La disconformidad y tensión aumentó cuando en las últimas horas se conoció que a la Policía Metropolitana le otorgaron un alza de ingresos que redundará que en julio la diferencia con la Bonaerense supera el 50 por ciento, lo que pone de manifiesto que el macrismo incumplió su promesa de “equiparación  salarial” realizada durante la campaña electoral.

De acuerdo al Sindicato de la Policía de Buenos Aires (SIPOBA) en julio un agente de la Bonaerense con cinco años de antigüedad va a cobrar 14.208 pesos y un efectivo de la Metropolitana con el mismo tiempo en la fuerza, percibirá 21.704 pesos, es decir, 7496 pesos más. Estos datos dejaron en evidencia al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien con el aval de Vidal también había prometido  en diciembre que iba a equiparar los ingresos de la Policía Bonaerense con la fuerza creada por Mauricio Macri en Capital Federal.

Nicolás Masi, secretario general de SIPOBA, le dijo a Hoy que “la crisis económica que se vive en la provincia de Buenos Aires es alarmante, y a los policías el acotado aumento ya se les evaporó”. Desde el sindicato advierten que “los estallidos sociales están a flor de piel y cuando haya desmanes van a necesitar que la Policía actúe. Pero si está mal paga y atravesada por la corrupción, la cosa se va a poner difícil”.

Masi recordó que “la multisectorial de sindicatos estatales pide un 40 por ciento de aumento y eso es al menos lo que debería abonársele a los uniformados, además de equiparlos con chalecos, balas y capacitación”.

“Usan la emergencia para echar policías enfermos”

En tanto, desde el gremio policial denunciaron que “la Ley de Emergencia en Seguridad, el ministro Ritondo la usa para echar a policías que superan los 45 días de carpeta médica, sin importarle si fueron heridos en servicio o situaciones específicas”.

Estos maltratos en las relaciones laborales generan gran preocupación. Es que los uniformados cumplen extenuantes jornadas de trabajo, sin descanso y por magros ingresos.  Los agentes están obligados a realizar horas extras y ausentarse de sus hogares, con lo que se resienten las relaciones familiares producto del sistema de trabajo de 24 por 48 horas. Esto es otra de las modalidades que los Bonaerenses envidian de la Metropolitana. 

“Bressi recibía plata del narcotráfico”

Elías Carranza, del Sindicato de Policías y Penitenciarios (SINPOPE) afirmó ayer  a Hoy que “tenemos que terminar con el cobro del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Sabemos del circuito existente con recaudación ilegal que llega a los jefes de las departamentales, a los superintendentes regionales, al Jefe de la Policía y al Ministro de Seguridad”.

“Hay que terminar con eso y empezar a poner gente honesta en las comisarías y atender bien a los ciudadanos. Hemos denunciado que no puede ser que Pablo Bressi sea el Jefe de la Policía, cuando fue uno de los mayores recaudadores de Hugo Matzkin durante la gestión de Daniel Scioli”, agregó Carranza.

“La gobernadora María Eugenia Vidal –continuó-  tiene que entender que no puede tener como Jefe de la Policía a alguien que recibía plata del narcotráfico”.

Avanzan pesquisa sobre policías de la Primera

La fiscal platense Virginia Bravo avanza en la investigación sobre el exsubteniente Miguel Patricio Masana, quien afronta dos procesos penales: uno por ser cómplice de los dos ladrones que asaltaron la casa del intendente Julio Garro el 2 de marzo pasado, y otra por presunto enriquecimiento ilícito.

Como se recordará, cuando efectivos de la DDI allanaron la finca de Masana en el country Grand Bell encontraron casi 200 mil pesos, drogas, armas y decenas de formularios de POLAD.

Al analizar la situación económica del entonces subteniente, Bravo advirtió que algo no cerraba. Es que Masana ganaba 18 mil pesos mensuales pero alquilaba una vivienda por 40.000 pesos y pagaba expensas por 8000 pesos, además de movilizarse en una camioneta de un valor cercano al 1,5 millones de pesos.

La fiscal sospecha que Masana se quedaba con dinero proveniente de la malversación de fondos con las POLAD y por eso pidió una decenas de informes a organismos de control como la AFIP, la UIF y la Dirección General de Asuntos Internos.

En diálogo con Hoy, la fiscal explicó que “estoy esperando varios informes, pericias contables y declaraciones juradas”.

Días después de la detención de Masana fueron desplazados el comisario de la Primera, Marcelo Cifuentes y su segundo, Carlos Arias. Al parecer participaban del circuito corrupto de manejo de dinero destinado a pagar a los policías que custodiaban oficinas públicas.

Nadie descarta que con el avance de la investigación de Bravo queden involucrados varios jefes policiales.

Causa de los 36 sobres: se dilata la decisión de la Cámara

Tal como lo había adelantado Hoy la semana pasada, la sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo penal de La Plata recibió ayer un pedido de hábeas corpus por parte de los abogados defensores de los cuatro policías con pedido de detención por el hallazgo de 36 sobres con dinero en la Departamental La Plata.

Los abogados de Darío Camerini, Rodolfo Carballo, Ariel Huck y Walter Stramowskyj, pidieron la eximición de prisión y la nulidad de la orden de detención.

Los letrados Ricardo Bianchi y Juan Di Nardo cuestionan la participación de la Dirección de Asuntos Internos en el procedimiento. Se arrogó” facultades privativas del fiscal y del juez de la causa y “realizó un allanamiento ilegal, sin orden pertinente”.

Mientras tanto, la Cámara analiza si avala el pedido del fiscal Marcelo Martini y la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, quienes pidieron la detención de los policías mencionados, a los que acusa de asociación ilícita y cohecho.