Nuevo capítulo en la trama oscura de la cúpula policial

Crece el escándalo luego de la denuncia que indicó los “pesados” antecedentes del Jefe de la Bonaerense, Pablo Bressi, y al trascender que la justicia federal lo investiga por hechos de corrupción. Mientras tanto se conoció una nueva acusación por el manejo delictivo de las POLAD

La denuncia publicada ayer por Hoy en referencia a la polémica confirmación del gobierno de María Eugenia Vidal de Pablo Bressi como titular de la Policía Bonaerense provocó fuerte impacto en el espectro político y de la fuerza, al punto de que ya se habla que podría haber un desplazamiento en la cúpula. Y en este marco de convulsión trascendieron más detalles de malversaciones de fondos públicos en el manejo del pago de adicionales a uniformados.

De hecho corrió el rumor ayer de que el Coordinador Operativo de Seguridad, Rubén Fabián Perroni, podría quedarse con el cargo de Bressi, luego de que se difundiera sus “pesados” antecedentes.

Como se recordará, en la denuncia se informó que Bressi arrastra denuncias en la justicia federal vinculadas al narcotráfico. El abogado penalista y presidente de la Asociación Civil Nuevo Concepto Penal, Damián Odetti, aseguró que “la justicia federal investiga una denuncia contra Bressi”.

De acuerdo a Odetti, cuando Bressi se desempeñó como superintendente de la Dirección General de Drogas Ilícitas, desde las 18 delegaciones de esa dependencia le llevaban todos los lunes plata sucia, de la recaudación ilegal.  “Ese dinero provenía de cobrar para dejar vender drogas en casas, comercios, boliches o por amenazas de allanamientos”, dijo a Hoy Odetti.

Además, sobre el actual titular de la Bonaerense pesan dos hechos que se han transformado en mochilas repletas de piedras. Es que fue el negociador de la sangrienta toma de rehenes en la sucursal del Banco Nación del año 1999, más conocida como masacre de Ramallo, donde perdieron la vida dos rehenes que recibieron balas disparadas por el propio personal policial. Y también estuvo salpicado  por otro escándalo cuando el empresario Eduardo Nine -cuya hija fue secuestrada y posteriormente liberada en el año 2004 en un resonante caso mediático- se habría quejado ante el entonces ministro de Seguridad, León Carlos Arslanián: “¿Hasta cuándo tengo que seguir pagándole las cuotas a Bressi?”.

Al respecto, desde el Sindicato de la Policía de Buenos Aires (SIPOBA) señalaron que “ante una clara realidad, nos sorprende la inacción no solo del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo,  del cual ésta organización gremial entiende que es participe del puntual hecho de corrupción ocurrido en la Departamental de La Plata, sino que  nos llama poderosamente la atención, el silencio y la falta de una acción por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal”.

Cuando los controles no funcionan

En el marco de la causa que investiga el hallazgo de los 36 sobres con más de 157 mil pesos en la Departamental La Plata el pasado 1º de abril pasado, por el que fueron imputados cinco integrantes de la fuerza, entre ellos el entonces Jefe de la Departamental, Darío Camerini, su segundo, Rodolfo Carballo, y otros tres uniformados de bajo rango, trascendió ayer una grave denuncia que afecta a la Dirección General de Asuntos Internos.

Es que el policía que radicó la denuncia anónima y destapó el escándalo de la Departamental, se comunicó con Hoy y afirmó que con el número de causa 16.032 él ingresó una acusación en contra de las autoridades de la comisaría Novena de La Plata, pero nada ha pasado.

“Existe un circuito ilegal de recaudación con las POLAD con el servicio de custodia que se realiza en el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, ubicado en 7 entre 58 y 59 de La Plata. Ahí firman como que la vigilancia la hacen mucho más de los uniformados que realmente trabajan y el comisario, el coordinador, la administradora se quedan con abultadas sumas por mes, y además envían sobres con dinero a sus jefes”, detalló el denunciante.

El hombre se queja porque su denuncia parece “dormir el sueño de los justos”, lo que lo lleva a pensar de la connivencia de las autoridades del Ministerio de Seguridad.

¿Pacto con las mafias?

La designación de Pablo Bressi como Jefe de la Policía, el que ya integraba la cúpula de la Bonaerense en la gestión en la Provincia bajo el mandato de Daniel Scioli y que cuenta con oscuros antecedentes, más el escandaloso episodio del secuestro de 36 sobres, señalan que la gobernadora parece haber pactado con los sectores mafiosos de la Policía y el narcotráfico.

En ese sentido, tal como anticipó Hoy, tanto el denunciante anónimo que dio origen a la causa de los sobres como el Sindicato Policial Bonaerense (Sipoba) apuntan a una de las manos derechas de Bressi como uno de los principales artífices del escándalo. Nos referimos al superintendente de la región Capital, Fernando Grasso, que también fue ratificado la semana pasada por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo como integrante de la cúpula de la Bonaerense y sobre quien pesa una denuncia en la que se lo involucra en el circuito de recaudación ilegal de dinero.

La Cámara define situación procesal de los uniformados

La Cámara de Apelaciones en lo penal de La Plata decidirá en las próximas horas si avala los pedidos del fiscal Marcelo Martini y la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, de dictar la detención de los cinco policías acusados de asociación ilícita y cohecho, en la investigación por el hallazgo de 36 sobres con más de 157 mil pesos en la Departamental La Plata el 1º de abril pasado, luego de que los abogados defensores de los imputados pidieran la eximición de prisión.

Se trata del extitular de la Departamental La Plata, Darío Camerini, su segundo, Rodolfo Carballo, el jefe de operaciones, Ariel Huck, el secretario, Walter Stramowskij y la oficial administrativa, María de los Ángeles Ramírez, quienes están en la mira de la Justicia luego de una denuncia anónima en la Dirección de Asuntos Internos, en donde fueron apuntados por ser parte del circuito de recaudación ilegal de actividades relacionadas con el narcotráfico, juego clandestino, desarmaderos, prostitución y vigilancias “truchas”.

La Sala 3 de la Cámara debería definir esta semana la situación procesal de los imputados.