Crece la tensión por falta de respuestas de Esur

Trabajadores de la empresa de recolección de residuos reclamaron mejorar su situación de precariedad laboral y el pago del presentismo. El conflicto dejó en evidencia los errores del área Legal y Técnica del Municipio de La Plata

Trabajadores pertenecientes a la em-presa Esur se manifestaron ayer al mediodía con un corte de calle frente a la sede de la Dirección de Cooperativas municipal, ubicada en 51 entre 17 y 18, reclamando que al menos 70 cooperativistas que estaban contratados fueron cesanteados la primera semana del año, luego de manifestar su intención de recurrir a la Justicia por las condiciones de absoluta precariedad en las que trabajaban. Además, tampoco le abonaron en los últimos dos meses el monto por presentismo.

Gabriel González, uno de los afectados, en diálogo con diario Hoy dijo que “a nosotros aún no nos pagaron diciembre, mes que trabajamos completamente. Y como estábamos en negro, tampoco recibimos ningún tipo de notificación respecto a nuestra situación laboral”. Además, remarcó que “Esur nos explotaba, 

hacíamos un trabajo inhumano juntando perros muertos, restos de autos, basura, etc. Utilizaron a los cooperativistas para esos trabajos durante un tiempo, nos usaron y nos echaron”. Otro de los manifestantes, José Fernández, agregó que “queremos que nos incorporen y nos pongan en blanco como corresponde”.

Los cooperativistas también resaltaron la responsabilidad del Municipio al permitir ese tipo de maniobra por parte de la empresa, más precisamente apuntaron contra la Secretaría de Legal y Técnica, comandada por el cuestionado Darío Ganduglia.

Un volcán en erupción

Ganduglia y su segundo, Ramiro Palacios Vallejos, fueron los responsables de canalizar un acuerdo entre el Municipio de La Plata y Esur, por el cual decenas de cooperativistas 

quedaron en una situación de precariedad laboral. Está claro que la tercerización que avalaron desde el gobierno municipal dio lugar a que Esur tenga “en negro” a los trabajadores, pagándoles poco y sin ningún tipo de cobertura.

Ganduglia y su equipo no le advirtieron al intendente Julio Garro que el convenio que finalmente firmaron dejó al Estado municipal, es decir, a todos los platenses, ante un “volcán en erupción”, ya que los trabajadores mal remunerados, accidentados o cesanteados van a impulsar juicios laborales que va a terminar pagando el Municipio, comprometiendo las finanzas.

Bien sabido es que la labor del recolector de residuos es de alto riesgo. Los trabajadores tienen un desgaste físico altamente progresivo, sobre todo en la columna y los meniscos, que al cabo de tres o cuatro años se ven afectados como consecuencia de los saltos al camión.

Como se recordará, en La Plata Esur empleó para estas tareas a quienes se desempeñaban como cooperativistas por un sueldo de $6.300, más $2.000 en concepto de presentismo. De esta forma, ese humilde plus salarial se descuenta por cada día en que el trabajador no se presenta, incluso si está enfermo, ya que la precariedad laboral bajo la que se rigen implica que ningún certificado médico sea contemplado por la empresa.

Como contrapartida, los choferes de los vehículos, quienes tienen la tarea de trasladar a los recolectores colgados del vehículo, perciben un sueldo mensual que ronda los $26.000 en blanco, ya que se rigen por el convenio rubricado con el sindicato. Es decir, estamos ante un acto violatorio de la Constitución, donde se estipula que a mismo trabajo, misma remuneración.

Una mala gestión que podría costar 30 millones de pesos

Esur es el nombre de fantasía de una Unión Transitoria de Empresas mediante la cual se camufló, durante el gobierno municipal de Julio Alak, la firma 9 de Julio, cuyo contrato con la Comuna platense se remonta a la última dictadura militar, cuando el intendente de facto era Abel Román.

En 2016 la empresa recibió un importante incremento presupuestario, por el cual el Municipio tuvo que desembolsar $55 millones por mes, totalizando más de $600 millones anuales. En tanto, según el presupuesto aprobado en el Concejo Deliberante para este año, la empresa recibirá, solo en el primer semestre de 2017, casi $499 millones.

A cambio de este exorbitante aumento de recursos, Esur debería haberse hecho cargo de cubrir una mayor cantidad de zonas y de mejorar el sistema de recolección de residuos. Nada de eso sucedió. De hecho, en distintas localidades de La Plata y de Villa Elvira, la basura se recoge cada 48 horas. 

Según los abogados que representan a 46 de los 70 cooperativistas que hacen la tarea más ardua de la recolección (como ir colgados de los camiones), la firma deberá pagar más de $30 millones para responder a los reclamos. “Acá la responsabilidad más grande es de la empresa. Supervisa las tareas, da las órdenes, hace firmar las planillas de asistencia, y hasta los propios choferes de los camiones son de Esur”, sostuvo uno de los letrados.

Palabras de dirigentes

“Deben garantizar trabajo digno y cuentas claras”

Gonzalo Atanasof (Dirigente peronista platense)

Estamos viendo el resultado lamentable de un sistema poco claro de cesión del tratamiento de los residuos de nuestra ciudad a una empresa que ha demostrado serias dificultades para cumplir con lo que promete, aún cuando el Municipio le concedió un aumento millonario que recae en los contribuyentes, es decir, sobre los vecinos de La Plata.

Más grave aún es que la Municipalidad asuma costos adicionales, como pagar a operarios que trabajan como mano de obra precarizada, y ahora los despida, con el enorme daño que eso genera al trabajador y a su familia, así como la posibilidad de que se cargue, una vez más a las cuentas de la Comuna, el resarcimiento a estos trabajadores y una eventual demanda judicial.

En suma, hoy la angustia de un grupo de trabajadores muestra la imperativa necesidad de trasparentar la recolección y el tratamiento de residuos con un sistema que garantice el trabajo digno, cuentas claras y un proceso 

sustentable en términos ambientales, que no es otra cosa que el método de separación en origen, recolección eficaz y separación de materiales para bajar drásticamente la disposición final.  

“El convenio firmado es absolutamente ilegal”

Gabriel Bruera (Concejal del FPV-PJ)

En primer lugar, el conflicto se origina porque el convenio, el contrato que firmó la Municipalidad con Esur, es absolutamente ilegal. Nosotros lo venimos manifestando e hicimos ahora un nuevo pedido de informe porque, en primer término, entendemos que lo que se firmó no está claro, porque no se entiende a la cooperativa como una empresa social. La Municipalidad aparece como siendo el patrón de los 

cooperativistas, cuando no es así. Entonces, negar el carácter social de la cooperativa permite esta serie de cuestiones que son totalmente ilegales. Así que me parece que ni bien ingrese el tema en la Justicia laboral  se le va a dar la razón a los trabajadores, porque es un principio y una máxima del derecho laboral que a igual tarea, igual remuneración, y esto no está sucediendo en el convenio de Esur. 

El contrato está mal hecho de entrada, el Municipio no se manejó bien en este tema y seguramente lo terminemos pagando todos los platenses. A la empresa se le duplicó el contrato y siguió haciendo la misma tarea que hacía antes o peor.

“El Municipio es el que va a terminar pagando”

Gastón Crespo (Concejal por el GEN)

Es llamativo que cooperativistas que trabajan para la Municipalidad lo hagan a la vez para una empresa privada, a la que el Municipio ya de por sí le paga por ese servicio. Es muy confuso todo, no queda claro quién le paga a los cooperativistas y cuál es el grado de relación de dependencia que tienen. La empresa tendría que prestar su servicio con trabajadores propios o contratados, pero no pagados por el Municipio. Nosotros no tuvimos acceso a cómo fue el acuerdo, pero nos preocupa que el Municipio le pague por un servicio a la empresa y la subsidie a través de abonar el sueldo a los cooperativistas, me parece que ahí hay serias irregularidades.

La relación de dependencia no es clara. Si son cooperativistas ese vínculo, si bien no es directo, porque no son empleados municipales, son contratados por el Municipio, con lo cual el que tiene que terminar respondiendo es el Municipio ante cualquier juicio por parte de los trabajadores.