Daniel Llermanos dialogó con diario Hoy acerca del papel que jugó el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense en hechos de espionaje ilegal durante el macrismo contra los dirigentes de Camioneros.
31/01/2022 - 00:00hs
Tal como lo refleja la denuncia publicada en esta edición (ver página 4), comenzó a cuestionarse la responsabilidad del jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier
Areses, en distintas maniobras ilegales que realizó el gobierno de Macri y Vidal en contra de dirigentes opositores.
Se trata del famoso cableado de la Alcaidía n°3 de Melchor Romero, donde se planificaba trasladar a Pablo y Hugo Moyano en el caso de lograr su detención.
Daniel Llermanos, abogado de los representantes sindicales, al ser consultado por la responsabilidad de este funcionario que responde a la cartera conducida por Julio Alak, afirmó que desconocía que seguía al frente del cargo. “A quien apunté en su momento fue al actual juez federal Juan Baric como el responsable de estos hechos”, contó el letrado a diario Hoy.
Según comentó Llermanos, Baric había recibido instrucciones directamente desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); del Ministerio de Justicia provincial (a cargo de Gustavo Ferrari); del Ministerio de Seguridad bonaerense (con Cristian Ritondo a la cabeza); y de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.
Ante la mención de Areses y su continuidad frente al Servicio Penitenciario Bonaerense, el abogado de los Moyano enfatizó: “Cualquier funcionario es responsable por acción u omisión, porque es nada más ni nada menos que el director del área. Quien estuvo involucrado en ese momento, por acción u omisión, tiene responsabilidad y no debería estar en el Gobierno”.
También, Llermanos apuntó contra el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak. “El primero que tiene que avanzar es el ministro de Justicia, que debe tener conocimiento pleno de lo que sucedió”, dijo, y agregó que el funcionario provincial “tiene que ver qué papel cumplió este hombre y qué antecedentes tenía. Si efectivamente formó parte de esto, nunca tendría que haber seguido en el cargo”.
Las denuncias del letrado son respaldadas por las imágenes de las reuniones de la Gestapo, que descubren “la mafia más grande que hubo en la Argentina desde la recuperación de la democracia”, en palabras del abogado.
“Quienes fuimos víctimas por ser abogados, jueces o fiscales opositores, sabíamos que esto existía, como mínimo, desde el 2017. La denuncia más antigua que hice es del 2018 en la Justicia Federal. Para los perseguidos esto no era una novedad”, explicó Llermanos.
La denuncia contra Areses
En 2020, Llermanos había denunciado la mesa judicial en la Provincia con la complicidad del procurador bonaerense, Julio Conte Grand.
La denuncia presentada en la UFI n°11 de Lomas de Zamora involucraba al falso abogado Marcelo D’Alessio; al procurador general bonaerense Julio Conte Grand; al fiscal general adjunto del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Sebastian Scalera; al fiscal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Pablo Rossi; al senador bonaerense Juan Pablo Allan; y también titular del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Xavier Areses.
“Las personas imputadas por esta denuncia son funcionarios y/o políticos que han demostrado hasta el presente desenvolverse con llamativa impunidad. Son escasos los funcionarios judiciales que han tenido el coraje de aplicarles alguna sanción legal”, declaró el letrado en su presentación.
La lucha contra el lawfare
Por otro lado, el abogado de los Moyano destacó la importancia del reclamo contra la persecución política, realizada desde el Poder Judicial y articulada con los medios de comunicación.
Comentó a este multimedio que fue “uno de los primeros en convocar a una marcha de esta índole en noviembre del 2021”. “Hoy el reclamo llegó a organizaciones, a gremios y a distintos sectores”, continuó Llermanos y enfatizó: “Hay un interés masivo en esta lucha y hoy la marcha es de todos aquellos que quieran un sistema de Justicia democrático”.
Por último, comentó que la mesa judicial del macrismo “no solamente quería destruir a la oposición, sino también quedarse con los gremios”. “Querían más poder, más dinero y el control de los medios”, apuntó el abogado.