La miseria planificada

"Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, una Gestapo en vez de una fuerza inspectiva para terminar con todos los gremios, lo haría. Pero las leyes son las leyes. Tengo que modificar la Ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la Provincia, cosa que por ahí un bisnieto mío lo vea”. Esas son las palabras textuales que el exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, dijo tan livianamente en la reunión que mantuvo en la sede porteña del Banco Provincia junto al intendente de La Plata, Julio Garro, el senador bonaerense del PRO, Juan Pablo Allan, y empresarios.

El objetivo inmediato de la mesa judicial vidalista era Juan Pablo “Pata” Medina, como se narró en diario Hoy durante el último año. Sin embargo, ese era solamente el primer paso de un plan que diseñó el macrismo desde antes de su llegada al poder.

El enemigo, para las reformas neoliberales que querían aplicar María Eugenia Vidal y Mauricio Macri en la Provincia y en el país respectivamente, era el sindicalismo argentino. Y había que disciplinarlo para luego imponer las modificaciones, lo que significaría quitarles a los trabajadores sus derechos adquiridos.

El objetivo

Las palabras de Villegas que mayor repercusión mediática alcanzaron fueron las relacionadas con el deseo de tener algo similar a una Gestapo (Policía secreta oficial de la Alemania nazi), pero pocos hicieron foco en lo que dijo inmediatamente después, y allí es donde estaba el objetivo del macrismo.

En sus apariciones televisivas después del escándalo, Vidal defendió a su exministro porque él había señalado que “las leyes son las leyes”. No obstante, la exgobernadora bonaerense frenó allí y no habló de lo que no le convenía: el deseo de Villegas de modificar la Ley 10.430.

El objetivo a mediano plazo, luego de encarcelar a sindicalistas y tomar los gremios, como hicieron con el Soeme (Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación), era modificar la Ley 10.430, la que dispone el régimen para el personal de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa era muy importante para Villegas porque, una vez modificada la norma, los trabajadores estatales podrían ser echados de sus puestos sin que existiera indemnización.

Ese era el objetivo del PRO. De Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, de Marcelo Villegas y, obviamente, del intendente Julio Garro.

Como se sabe, la mayoría de los platenses son empleados públicos o viven de los empleados públicos. Entonces, lo que ellos pretendían era nada más ni nada menos que quitarle la estabilidad laboral a gran parte de la población. Pero antes había que apresar y/o disciplinar a sindicalistas. Para que el objetivo a mediano plazo se cristalizara, primero tenían que concretar la Gestapo antisindical, que es hasta donde pudieron llegar.

No es curioso ver cómo desde la publicación del audio de Villegas, que este diario realizó en marzo de 2021, los dirigentes gremiales se animaron a hablar.

El pasado miércoles, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales,

Graciela Aleñá, confesó que Javier Iguacel le dijo que iba a meter presos a sus compañeros y agregó que el exdirector de Vialidad y ministro de Energía de Macri convocó a una reunión para comunicárselo.

Este último viernes, en tanto, Roberto Baradel afirmó que el macrismo tomó como “enemigo público” al gremio Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), algo que ya se contó en este diario, que en sus próximas ediciones revelará detalles sobre la forma en la que docentes del gremio sufrieron el armado de causas.

El plan

Como todos los gobiernos antipopulares que gobernaron la República Argentina (en su mayoría dictaduras), Cambiemos llegó al poder para quitarles los derechos adquiridos a los trabajadores.

El plan era dejar sin trabajo a los empleados públicos, como los de la educación, economía, enfermeros, médicos y del Poder Judicial. Los de La Plata no iban a ser la excepción, e incluso el propio Garro era cómplice.

Para ello, primero había que destruir a los sindicalistas y después a los gremios. Una vez que estuvieran fuera de juego los sindicalistas, es decir luego de que los metieran presos −como hicieron con Juan Pablo “Pata” Medina, Omar “Caballo” Suárez y el ingeniero Marcelo Balcedo−, los sindicatos serían intervenidos por gente propia, como hicieron con el Soeme.

Cuando tuvieran bajo su control los gremios, irían a modificar la Ley 10.430 o plantear otro proyecto de ley que permitiera echar trabajadores del Estado sin indemnizarlos. Seguramente después avanzarían sobre la ley especifica que tienen los docentes para, como en la época de los militares, también despedirlos sin ninguna indemnización.

Como nadie iba a oponerse, el macrismo seguramente iba a hablar de legitimidad frente a quien en un futuro se quejara. Además, el plan a largo plazo era imponer una ley de reforma laboral, proyecto con el cual se relamen tanto los macristas como los Espert y los Milei, que hoy son oposición pero que afirman que la impondrían si fuesen gobierno.