Oil Combustibles, un caso testigo de la saña macrista

El caso de Oil Combustibles, que llevó cinco años de trámite y dos años y medio de juicio oral, y que terminó con la absolución de los empresarios

Cristóbal López y Fabián de Sousa, es un botón de muestra más del sistema generalizado de persecución y hostigamiento montado a múltiples niveles por el gobierno de Mauricio Macri, teniendo como elemento saliente la utilización de recursos del Estado en forma irregular para apuntarlos contra adversarios políticos.

Solo que en este caso no fue una mesa judicial para armar causas contra opositores y sindicalistas o un sistema de espionaje a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sino que la maniobra se montó a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conducida primero por Alberto Abad y después por Leandro

Cuccioli.

Desde el macrismo y sus medios afines se insistió en que los nuevos funcionarios del ente recaudador de la Nación venían a enderezar una gestión, la de Ricardo Echegaray, que (en ese discurso) habría sido irregular y corrupta. Sin embargo, lo que ahora se hace aparecer como una cruzada de limpieza fue en realidad un sistema de persecución en el que el instrumento fue la AFIP.

El diario La Nación reafirmó su apoyo a la corporación antes gobernante cuando, en una nota editorial publicada el viernes pasado bajo el título Los 40 inocentes de la AFIP, ensalzó hasta la hipérbole la tarea de Abad al frente del organismo recaudador, la de Cuccioli, su sucesor, y la de otros funcionarios de la AFIP, en tanto que lamentó el “descalabro” de la gestión de Echegaray, condenado a prisión por un tribunal federal.

Sin embargo, el texto critica la decisión del mismo tribunal de absolver a los propietarios de Oil Combustibles. “Respecto de la causa que motivó la condena a Echegaray, resulta ilógico que se haya absuelto a los partícipes necesarios del delito, López y De Sousa”, afirma. La parte del fallo que le conviene a quien escribió el editorial es elogiada, mientras que la otra parte es puesta en duda.

Ya en los primeros días de este año, el diario fundado por Bartolomé Mitre había insistido en su versión del caso, con un artículo firmado por Hugo Alconada Mon en el que reflotaba una acusación ya descartada del exministro macrista Javier Iguacel y confundía, quién sabe si por error o adrede, algunas medidas de prueba dispuestas en otra causa con una reactivación de la existente contra Cristóbal López.

Es la “pata mediática” de la corporación conservadora en plena acción. Para contrastar las afirmaciones realizadas por ese diario con lo que realmente ocurrió en el expediente y en la realidad, otro artículo, publicado por el medio Ámbito Financiero y el portal Minuto Uno bajo el título Un sistema mafioso con 40 no-inocentes, realizó un repaso de la actuación de estos exfuncionarios y concluyó que la gestión de Abad, Cuccioli, Ricardo Gil Lavedra y otros “quedará en la historia como uno de los procesos de persecución y hostigamiento en democracia más perversos y cínicos dirigidos desde la AFIP, y parte de una organización mafiosa superior” (Gil Lavedra, que fue ministro de Justicia durante la presidencia de Fernando de la Rúa, luego devino abogado asesor de la AFIP; Fabián de Sousa lo sindicó como uno de sus principales perseguidores).

El artículo refuta varias de las afirmaciones publicadas por el diario de los Mitre y hace notar que el propio Abad “no pudo mantener sus acusaciones mediáticas ante los jueces”. De hecho, la AFIP desistió de las acusaciones contra los empresarios por supuesta defraudación al Estado, mientras que el fiscal de la causa, Patricio García Elorrio, fue quien decidió mantenerlas a pesar de todo. Pero el Tribunal entendió que no eran culpables.

El texto puntualiza que López y De Sousa fueron absueltos tras un largo proceso legal, pero “donde no existió debido proceso y apego a las normas fue en la implementación del libro amarillo de persecución tributaria” implementado por la AFIP del gobierno macrista, agregando que “si aparecieran los videos de su planificación y coordinación serían tan o más escandalosos que los ya conocidos operación Gestapo”.

En efecto, afirma que la entidad recaudadora, durante el período macrista, “se encargó mediante un grupo de tareas ad hoc de generar información única, falsa, parcial e incompleta, que aportó de manera absolutamente irregular para su publicación en los medios de comunicación, y posteriormente a la Justicia por medio de profesionales externos contratados solo a dicho fin”.

En definitiva, si bien Macri ya no está en el gobierno, y a pesar de que la Justicia va desentrañando la trama de persecución y demonización montada desde el Poder Ejecutivo en aquel período, la “pata mediática” sigue operando para insistir en ese discurso en el que quienes se oponían a la administración eran corruptos y malvados.