El Gobierno prepara un “blindaje judicial” ante la posible impugnación de la reforma laboral

El Gobierno nacional trabaja en una estrategia jurídica para proteger la reforma laboral de eventuales impugnaciones ante la Justicia, luego de que el proyecto obtuviera media sanción en el Senado. Funcionarios del Ejecutivo y asesores legales analizan posibles vías de judicialización que podrían poner bajo escrutinio constitucional aspectos de la iniciativa, lo que llevó a ajustar la redacción de ciertos artículos y a diseñar defensas anticipadas para posibles demandas.

La idea central del llamado “blindaje judicial” es prever puntos vulnerables del texto y reforzarlos con argumentos jurídicos basados en antecedentes constitucionales y en la doctrina de la Corte Suprema. En el entorno oficial aseguran que esto permitirá responder con mayor solidez ante amparos o recursos de inconstitucionalidad que podrían presentarse una vez que la reforma sea sancionada definitivamente y comience a regir. El objetivo es minimizar la posibilidad de que tribunales ordenen suspender partes de la norma o introduzcan demoras sustanciales en su aplicación.