Nación dio marcha atrás tras calificar de “idiotas” a personas con discapacidad

El Gobierno libertario quedó envuelto en un nuevo escándalo por la utilización de términos descalificatorios en un documento oficial. Se trata de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en la que se definen las revisiones y repartos de las pensiones no contributivas a personas con invalidez.

En la disposición se observa como el organismo a cargo de Diego Spagnuolo, cataloga a las personas con discapacidad como “imbécil”, “idiota” o “débil mental” en base a su coeficiente intelectual.

Cabe señalar que hace más de 20 años que no se utilizan estos términos, opuestos a lo que marca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

El documento

“Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”, afirma el polémico párrafo del documento.

Ante esta indigente actitud del Gobierno nacional, siete organizaciones argentinas de derechos humanos y que representan a las personas con discapacidad, entre las que se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), interpusieron un reclamo administrativo en el que solicitaron a la ANDIS la derogación urgente de la norma por “violar los derechos de las personas con discapacidad”.

En el reclamo, los denunciantes afirman que la resolución “atenta de modo flagrante contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, poniendo en grave riesgo derechos humanos fundamentales”.

La Andis terminó dándole la razón a las organizaciones. En un comunicado, anunciaron que modificarán la redacción de la resolución, no así los criterios de evaluación, porque responden a una “terminología obsoleta”.

“Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que en la actualidad han sido discontinuados”, explicó el ente.