No tan publicitadas como la larga exposición de Luciani, las intervenciones de las defensas apuntan contra una falta de rigurosidad en la acusación y hasta hablan de una violación a las normas constitucionales
08/09/2022 - 00:00hs
Aunque no tan publicitados como el (larguísimo) discurso que pronunció el fiscal Diego Luciani tratando de sostener la acusación de que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lideró una asociación ilícita cuando era presidenta, los alegatos de las defensas en la causa conocida como Vialidad, que comenzaron el lunes, abundan en fuertes cuestionamientos, pero en este caso, hacia el propio Luciani y su compañero, Sergio Mola.
En su intervención en el marco de la causa que se tramita en el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el abogado Mariano Fragueiro Frías, que defiende a Héctor Garro, uno de los imputados, dijo que la fiscalía “violó la Constitución” porque mantuvo la acusación en torno a hechos ya juzgados.
En efecto, un tribunal santacruceño ya había examinado las evidencias y determinado que no hubo cartelización ni maniobras corruptas en la asignación de contratos de obra pública en Santa Cruz durante la presidencia de Fernández de Kirchner, que es lo que los fiscales intentan probar en este juicio.
“Tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción que invocan no se hace cometiendo atropellos y avasallamiento de las constituciones provinciales, ni las normas constitucionales. Se afectó el federalismo; eso no está bien”, dijo Fragueiro Frías.
Garro fue titular del área de Vialidad en esa provincia meridional, aunque solo por un breve lapso. Su defensor dijo que Luciani y Mola incurrieron en “falacias circulares” al realizar su exposición, y pidió que su cliente sea absuelto.
Falta de lectura
En su alegato, Fragueiro Frías cuestionó fuertemente a los fiscales, además, por evidenciar que no habían leído el expediente. Puntualizó que acusaron a Garro por hechos que ocurrieron cuando no era funcionario, o relacionados con obras que fueron adjudicadas no a Lázaro Báez, sino a otros empresarios rivales; y, además, que ninguna de las obras en cuestión fue financiada por el Estado nacional, que comandaba por entonces Cristina Fernández.
Por su parte, Luis Alonso Martínez, defensor del exfuncionario de Vialidad Nacional, Mauricio Collareda, consideró “escandaloso e inaceptable” el pedido de seis años de prisión para su representado, ya que “no está probada” la supuesta maniobra ilegal que se le atribuye.
Luciani y Mola pidieron condenar a Collareda por entender que era amigo del empresario Lázaro Báez (propietario de Austral Construcciones y ejecutor de varias obras de envergadura en Santa Cruz) y que permitió que este influyera en la asignación de contratos de obra pública en la provincia. Martínez negó que haya existido tal injerencia y dijo que Collareda y Báez ni siquiera fueron amigos nunca.
El exresponsable del distrito 23 de Vialidad Nacional, correspondiente a Santa Cruz, “no tuvo ninguna intervención relevante en la maniobra que fue descripta que, por otro lado, tampoco considero que se encuentre probada”, apuntó Martínez, y remató: “La única solución posible es la absolución”.
El turno de Cristina
Los alegatos continuarán mañana con el de la defensa de Raúl Daruich, otro exfuncionario de Vialidad Nacional. La semana próxima vendrán los de los exfuncionarios nacionales Julio De Vido y Abel Fatala, y la semana subsiguiente, el de la propia vicepresidenta.
Cristina Fernández de Kirchner había recusado a los jueces y fiscales de la causa, pero su pedido fue rechazado. Ayer, la vice apeló esa decisión y será la Cámara Federal de Casación la que deba decidir sobre el pedido de apartamiento.
La mandataria fundamentó la recusación en los evidentes lazos de familiaridad entre miembros del Tribunal y la fiscalía y su rival político, el expresidente Mauricio Macri.