Los trabajadores de una empresa de logística acusan a la abogada derechista de hostigarlos y promover despidos.
13/01/2023 - 00:00hs
La abogada Florencia Arietto, militante del PRO y exasesora de Patricia Bullrich, presidenta de ese partido, fue acusada de un nuevo caso de persecución judicial a sindicalistas, que se suma a la que entabló contra dirigentes camioneros el año pasado (ver aparte) y se inscribe en la misma línea que la acción de la “Gestapo antisindical” que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri.
Arietto, fundadora y principal referente del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que se dedica a promover denuncias contra gremialistas en nombre de empresas privadas, fue denunciada ahora por trabajadores de la compañía de logística Gemez, que la acusan de participar de una operación de “persecuciones, hostigamiento y despidos”.
Los trabajadores precisaron que Arietto promovió un juicio por desafuero contra Facundo Monzón, delegado del Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (Seamara).
Militante convencida de Juntos por el Cambio (JxC), cercana en su momento a Bullrich y a Cristian Ritondo, y ahora más a Diego Santilli, Arietto realizó en nombre de Gemez “acusaciones falaces y difamatorias”, sostuvieron los trabajadores.
“Queremos denunciar públicamente que ya desde hace varios meses venimos siendo hostigados, presionados y perseguidos por la empresa, que utiliza artimañas para callarnos como en las peores épocas de nuestro país”, afirmaron en un comunicado.
Como parte de la embestida, fueron despedidos dos activistas, uno de ellos paritario del Seamara (David Aramayo).
“Es una clara campaña de persecuciones y despidos que busca ser un castigo ejemplificador hacia los demás trabajadores, para que ninguno se anime a reclamar por sus derechos”, argumentaron los trabajadores, que alentaron a empleados de “empresas hermanas” del mismo sector y a organizaciones como la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) a manifestar su solidaridad.
La embestida contra los camioneros de San Nicolás
En abril de 2022, los dirigentes camioneros Maximiliano Cabaleyro, de San Nicolás, y Fernando Espíndola, de San Pedro, fueron detenidos, acusados de los delitos de extorsión y “turbación de la posesión”, en una causa que se inició por el bloqueo a la empresa Rey Distribución, en febrero del año anterior.
La causa, un claro caso de persecución al gremialismo, fue fogoneada por Florencia Arietto, quien actuó como representante de la compañía. La denuncia afirmaba que los camioneros habían bloqueado el acceso a la planta y habían pedido una coima para liberarlo y dejarlos “trabajar tranquilos”.
Ante la noticia del arresto de ambos, los camioneros de San Nicolás fueron al paro y realizaron varias movilizaciones.
Hugo Moyano viajó a San Nicolás para brindar una conferencia de prensa en la que denunció que el arresto de Cabaleyro y Espíndola era “un disparate y una aberración”. Y el bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante emitió un comunicado en el que advertía: “La Gestapo antisindical llegó a San Nicolás”.
El caso le sirvió a Juntos por el Cambio para cuestionar al gremio de Camioneros en su conjunto. Los diputados del PRO Gerardo Milman, Fernando Iglesias y Waldo Wolff, entre otros, presentaron un proyecto para solicitarle al Poder Ejecutivo que le quitara la personería gremial a la institución.
Julio Cabaleyro, padre de Maximiliano y también integrante del Sindicato de Camioneros, murió en octubre último. Su hijo debió pedir un permiso especial para asistir al velorio.
Denunciada por sus pares
En su cruzada contra la actividad sindical, Arietto va sumando enemigos. Recientemente les tocó a los abogados laboralistas, de quienes la militante macrista había dicho que constituyen nada menos que “una mafia” que vive de la “industria del juicio”.
Abogada ella misma, Arietto no hacía más que reciclar un viejo argumento de la derecha, airada ante el parate que los trabajadores, representados por esos letrados, les ponen a los abusos del poder económico.
El titular de la asociación civil Nace un Derecho, Hernán Mirasole, la denunció en noviembre último ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, donde tiene su matrícula la referente del MEAB. Las sanciones pueden ir desde una suspensión hasta el retiro de la matrícula.
La asociación Nace un Derecho está integrada por profesionales y estudiantes de Abogacía. Se dedica a brindar asesoramiento y asistencia jurídica a quienes no pueden costear el servicio en forma privada.