Los representantes de la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle entregaron evidencia audivisual a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que demostrarían los hechos en el espacio público.
15/07/2022 - 00:04hs
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunció ayer que interpondrá un habeas corpus colectivo contra el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por situaciones de violencia institucional contra las personas en situación de calle y para que se generen acciones inclusivas en torno a ese grupo social.
Así lo indicó en su cuenta de Twitter, luego de que el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, recibiera a miembros de la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle (PSC), quienes le expresaron su “preocupación por los reiterados casos de violencia institucional contra las personas en situación de calle por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires (GCBA)”. La Asamblea Popular de PSC es un colectivo de organizaciones sociales, políticas y comunitarias que luchan por los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estar.
Según informaron desde el organismo gubernamental que conduce Horacio Pietragalla Corti, los representantes de este colectivo “entregaron fotos y videos de casos concretos, en donde personal de Espacio Público, con mucha violencia, se lleva en camiones las escasas pertenencias de estas personas, las echa de donde paran y las amenaza para que no regresen”.
“Ante la gravedad de la situación, la Secretaría de Derechos Humanos va a interponer un habeas corpus colectivo con el fin de que se ordene al GCBA cesar con estas conductas y pensar acciones inclusivas para las personas en esta situación”, aseguraron.
Más denuncias
Esa no es la única denuncia a la que deben hacer frente desde Juntos por el Cambio, ya que el juez federal Ariel Lijo quedó ayer a cargo de una denuncia contra funcionarios de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, por la causa en la que se investigan posibles irregularidades en el uso de datos biométricos por parte de CABA en el marco del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRPF).
De esta manera, Lijo trabajará con la denuncia que presentó en la noche del miércoles por vía electrónica el magistrado Roberto Gallardo contra Marcelo D´Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad de CABA; y Gastón Leopoldo Navarro, subsecretario de Tecnología e Informática del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
También contra Cecilia Inés Amigo, coordinadora del Plan Integral de Videovigilancia de CABA, dentro del ámbito de la misma cartera; y Mariano Córdoba, jefe de Sistemas de la Subsecretaría de Tecnología e Informática en el ámbito del Ministerio porteño ya mencionado.
El magistrado presentó la denuncia penal luego de conocida la noticia de su apartamiento, por parte de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, de la causa en la que se investigan posibles irregularidades en el uso de datos biométricos por parte de CABA en el marco del SRFP.
“La información recolectada, incluso hasta este estado de la causa, permite observar el posible uso indebido de los datos biométricos por parte de ciertos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA”, sostuvo el juez Gallardo en el oficio que envió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal con sede en Comodoro Py 2002.
Gallardo recordó que “el SRPF será empleado únicamente para tareas requeridas por el Poder Judicial de la Nación, provincial y de CABA, como así también para detección de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, registradas en la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc)”.
También puso de relieve que, de acuerdo a la normativa vigente, “salvo orden judicial, se encuentra prohibido incorporar imágenes, datos biométricos y/o registros de personas que no se encuentren registradas en el Conarc”.