Denuncian negociaciones secretas entre Milei y Reino Unido

El diario británico The Economist publicó un artículo en la que informó que el gobierno de Javier Milei busca reanudar el comercio de armas con Reino Unido, país que tiene vetada a la Argentina para esas negociaciones desde la Guerra de Malvinas.

Según explicó el medio británico, el veto de Reino Unido hizo que la Argentina deba limitarse en las últimas décadas a comprar aviones y armamento chinos. Entre los argumentos para que sucedan estas negociaciones secretas, la nota mencionó la “inusual perspectiva de Milei sobre Malvinas” y “el entusiasmo estadounidense por la modernización militar argentina”, hechos que crearon la “oportunidad para un nuevo acuerdo estratégico en el Atlántico Sur”.

“Discretamente, tras una larga pausa, se ha reanudado el diálogo entre los ministerios de defensa argentino y británico”, expresó The Economist. Al mismo tiempo aseguró que el gobierno de Milei quiere “que Gran Bretaña flexibilice sus restricciones a la compra de armas”.

Por su parte, Gran Bretaña desearía tener “una aceptación discreta de su papel en el resto del Atlántico Sur, aun cuando Argentina mantiene su reclamo sobre Malvinas”. Al respecto, el diario británico sostuvo que Gran Bretaña está “interesada en un acuerdo”, pero “se muestra cautelosa”. “La aceptación de facto por parte de Argentina de la relevancia británica en la región facilitaría una cooperación más estrecha en todos los ámbitos”, añadió.

A su vez, el artículo aseguró que el primer acercamiento entre ambos gobiernos fue en febrero de 2024. cundo funcionarios de Defensa del Reino Unido visitaron el Ministerio de Defensa. Tiempo más tarde, en septiembre, los cancilleres de ambos países se reunieron y acordaron organizar “una visita de argentinos a las tumbas de sus familiares en las Malvinas”.

En enero de este año, una delegación argentina de Defensa visitó Londres, según informó The Economist, y agregó que una delegación británica vendrá a Buenos Aires.

Apelan el fallo de Preska

Otra cuestión vinculada a las relaciones internacionales fueron las dos presentaciones por parte de la Procuración del Tesoro para suspender el fallo de la jueza Loretta Preska. El mismo obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres demandantes como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar 16.100 millones de dólares por la estatización de YPF.

En este marco, la Procuración del Tesoro argumentó que Argentina sería despojada de su participación mayoritaria en YPF, que forzaría un cambio de control y activaría cláusulas que perjudicaría a los accionistas de la empresa.

Por otro lado, indicó que el caso presenta cuestiones legales aun no resultas en los tribunales de apelación, lo que incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido en instancias superiores.

Asimismo, remarcó que el Congreso argentino debe autorizar la transferencia de acciones estatales en YPF. Por lo tanto, incluso si la jueza confirmara su fallo, la ejecución efectiva de la medida resultaría inviable desde el punto de vista legal.