La semana próxima la Justicia federal deberá constatar la legitimidad del Decreto de Necesidad y Urgencia ante el primer amparo que se presentó por parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
13/01/2024 - 00:00hs
El Gobierno nacional realizó una exposición este jueves en respuesta a un amparo del Observatorio del Derecho a la Ciudad para solicitar su rechazo. A partir de esto, el juez Enrique Lavié Pico le otorgó un plazo de dos días al fiscal Miguel Ángel Gilligan para que dictamine en la causa sobre el recurso presentado.
De esta manera, cuando venza el plazo, el martes a las 9:30, el juez Lavié Pico podrá otorgar su fallo sobre la constitucionalidad o no del DNU y se convertirá en el primer expediente en tener una resolución.
Lo mismo ocurrirá con el recurso de amparo que presentó el abogado y expresidente del Colegio Público de Abogados Jorge Rizzo, sobre la cual el Gobierno también se expidió y solicitó su rechazo.
Sobre el primer amparo se objeta la totalidad del DNU con motivo de haberse “dictado en violación al inciso tres del artículo 99 de la Constitución Nacional” que regula los decretos de necesidad y urgencia. Ante esto, los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, pidieron que el amparo se rechace y se confirme el DNU.
La presentación del Ejecutivo remarca que el Decreto de Necesidad y Urgencia se dictó “en ejercicio de atribuciones que le confiere expresamente la Constitución Nacional en un marco de severa crisis económica”, y se agrega que “las razones de urgencia y necesidad constituyen cuestiones políticas no justiciables”.
Asimismo, el informe oficial infiere que la Justicia “no debe intervenir en el caso” porque el decreto actualmente está bajo revisión del Congreso y continúa: “La intervención de la Justicia en esta instancia sería al menos prematura, además de transgredirse el principio de división de poderes”.
Los legistas de la Procuración del Tesoro de la Nación recalcan que “se corre el riesgo que, al admitirse la acción promovida por la actora, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, se encuentren vulneradas las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo Nacional y de la gestión política que obtuvo la confianza de la mayoría del pueblo argentino para ejercer la administración nacional por los próximos cuatro años”, agregaron los abogados.
Por último, el Gobierno además remarcó que el Observatorio “no tiene legitimación para presentarse ante la Justicia”, ya que no presentó un caso concreto en el que el DNU lo afecte y que en la causa no se cumplen los requisitos que la ley establece para aceptar el amparo.