El proyecto "Zona fría" fue aprobado en Diputados y pasó al Senado
La iniciativa, impulsada por el oficialismo, apunta a reducir las tarifas de gas en lugares de bajas temperaturas. En la provincia de Buenos Aires se incluirían más de 50 municipios.
Además de fijar un mínimo del uno por ciento para todo el personal del Estado nacional, prevé incentivos por contratación para las empresas privadas.
11/06/2021 - 14:36hs
El proyecto de ley de cupo e inclusión laboral travesti–trans obtuvo media sanción por amplia mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación.
Además de fijar un mínimo del uno por ciento para todo el personal del Estado nacional, el proyecto que lleva el nombre de Diana Sacayán y Loahana Berkins, dos históricas militantes del colectivo travesti-trans, prevé incentivos por contratación para las empresas privadas y establece una serie de obligaciones del Estado para garantizar el acceso al empleo de una población históricamente oprimida.
Las organizaciones que impulsan el proyecto desde hace años, y que participaron en la elaboración del articulado final, celebraron la media sanción y advirtieron que "vamos a seguir militando para que en el Senado se trate cuánto antes y sea ley”.
El proyecto aclara que, para acceder a los puestos de trabajo, no será necesario acreditar el cambio registral en el DNI y que se creará un Registro Único de Aspirantes en el que las personas interesadas podrán anotarse.
La inscripción al Registro tampoco será un requisito obligatorio, sino que tiene el objetivo de proveer listados de candidaturas a las reparticiones demandantes.
De ser aprobado por el Senado, el cupo tendrá fuerza de ley nacional a través de la "Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero 'Diana Sacayán - Lohana Berkins'".
El proyecto recoge el antecedente del decreto firmado en septiembre del año pasado por el presidente Alberto Fernández, que había establecido que el sector público nacional debía destinar el 1 por ciento de su planta a travestis y trans. A diferencia del decreto, el proyecto tratado por el Congreso presenta una serie de puntos que alcanzan al sector privado.