Piden el desafuero del fiscal Cartasegna
Disolverán la UFI Nº 4
28/06/2017 - 01:20hs
El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, confirmó ayer que la UFI nº 4 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Cartasegna, será disuelta y aseguró que la Justicia evalúa la “promoción de un sumario administrativo y el inicio de jury de enjuiciamiento” contra el funcionario investigado.
“La decisión del fiscal general, Héctor Vogliolo, es disolverla y esto se materializará hoy (por ayer) mediante una resolución que debe firmar él”, dijo Conte Grand. También anticipó que “luego habrá un proceso de recomposición de esa Unidad Funcional de Investigaciones, de manera que por el tiempo que dure la disolución las causas asignadas a la UFI nº 4 van a mantenerse distribuidas en otras UFI de La Plata”.
El lunes último, el fiscal Álvaro Garganta procesó y citó a indagatoria a Cartasegna, quien goza de una licencia otorgada luego de que denunciara amenazas en su contra, además de fueros. La resolución puntualiza presuntas irregularidades como carátulas de causas en blanco, faltante de efectos secuestrados en procedimientos, documentos falsificados y demoras en diversos expedientes. Por tal motivo, Garganta imputó por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, violación de medios de prueba y falsedad ideológica de documentos públicos” a Cartasegna, al secretario letrado Leandro Milone, a un auxiliar llamado Juan Manuel Valdés y a una empleada identificada como Estela Lavalle, encargada de la mesa de entrada de la fiscalía.
En tanto, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, escribió ayer en su cuenta de Facebook que “el fuero penal de La Plata es de lo peor. Lo venimos diciendo desde siempre. No hay que olvidar que tanto (Fernando) Cartasegna, como el exjuez (César) Melazo fueron quienes llevaron a cabo el despiadado desalojo de Gorina del día 30 de abril de 2010. Ellos armaron una causa contra la gente que vivía en las vías abandonadas del tren con la autorización de la empresa estatal. Su único delito era ser pobres y que les construyeran junto a sus casas el country Gran Bell, donde habitan poderosas e influyentes personalidades. Ello, sumado a que habitaban frente a la casa de otro juez penal y cerca de una propiedad que había comprado el propio Melazo”.