Dos caras diferentes en la lucha contra la corrupción: Con las mafias no se negocia

El jujeño Gerardo Morales y la bonaerense María Eugenia Vidal tuvieron varios puntos en común. Los dos forman parte del frente Cambiemos, ganaron las elecciones a gobernador el mismo día –el 25 de octubre- y tomaron las riendas del poder político –en administraciones provinciales quebradas, fuertemente jaqueada por años de corrupción e infame clientelismo político- el pasado 10 de diciembre.

Ahora bien, una vez que prestaron juramento, los caminos de Morales y Vidal se bifurcaron en un tema que resulta muy sensible para la sociedad: la lucha contra la corrupción y el castigo que se merecen los responsables del saqueo que tuvo lugar en la Argentina durante la mal llamada década ganada.

El jujeño decidió ir a fondo a la hora de cumplir con el mandato de cambio que le entregó el soberano con su voto. Por eso, no le tembló la mano a la hora de denunciar penalmente a Milagro Sala, la máxima representante del ultrakirchnerismo en esa provincia, que durante años manejó discrecionalmente miles de millones de pesos entregados por la presidencia de Cristina Kirchner, que le permitieron tener más poder que el propio gobernador. También montó una suerte de ejército armado y hasta desplegó una violencia política pocas veces vista. En definitiva, estamos ante una enorme estructura mafiosa que, incluso, hasta está sospechada de tener conexiones con los narcotraficantes que actúan en una de las zona caliente como es la frontera entre nuestro país y Bolivia.

En cambio, en el gobierno bonaerense evitan denunciar penalmente a Daniel Scioli y sus principales colaboradores por la pesada herencia que dejaron. Y ahora no dudan en sentarse a negociar con muchas de las mafias que se constituyeron o se desarrollaron durante la era K. Comenzaron a actuar de esta manera cuando, tras el cambio de gobierno, se mantuvo durante las primera semanas a la cúpula del Servicio Penitenciario que respondía a las órdenes del exministro sciolista, Ricardo Casal. Y algo similar ocurrió con gran parte de la cúpula de la Policía bonaerense. El resultado fue la crisis política e institucional que generó la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, que salieron caminando de penal de máxima seguridad y contaron con el apoyo de una enorme red de complicidades políticas, policiales y judiciales.

Todavía no pasó la conmoción por la triple fuga y el gobierno provincial vuelve a cometer el mismo error. En los próximos días volverá a recibir al titular del Suteba, el ultrakirchenrista Roberto Baradel, ferviente promotor de la candidatura a gobernador de Aníbal “La Morsa Narco” Fernández, en el marco de la negociaciones paritarias del sector docente. El dato no es menor ya que Baradel, a través de su representante en el directorio en el IOMA, está seriamente sospechado por el vaciamiento que ocurrió en la obra social durante los últimos años.

Pesadas denuncias
Estamos hablando de al menos 15 denuncias penales que actualmente tramitan en la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata que involucran a los integrantes del directorio del IOMA en los últimos cuatro años, incluida Patricia Nisembaum, mano derecha de Baradel y actual vocal en el órgano de conducción de la obra social. Nisembaum fue delegada en la Obra Social para la Actividad Docentes (Osplad) que, tal como lo venimos reflejando en el diario Hoy, viene atravesando por un proceso de vaciamiento aún más pronunciado que tiene como máximo responsable político a Hugo Yasky: ex secretario general de CTERA, actual titular de la rama kirchnerista de la CTA y jefe de Baradel. 

El vaciamiento llevó a que la obra social docente esté al borde la quiebra, por lo cual intervino la Justicia en lo Civil y Comercial de Capital Federal y hubo una convocatoria de acreedores. Además, en 2014, la Cámara del Crimen ordenó investigar al titular de la Osplad, Daniel Roberto Perata, que responde a Yasky, por el supuesto desvío de fondos provenientes del Ministerio de Salud “en perjuicio de los afiliados de la entidad”.

Está previsto que, este el próximo jueves, comiencen en La Plata las llamadas reuniones técnicas entre los funcionarios provinciales y los sindicalistas docentes. También se prevé que esta semana se realice la correspondiente convocatoria a los gremios estatales para que se realicen las paritarias correspondientes a los trabajadores estatales alcanzados por la ley 10.430. Todo indica que, nuevamente, se convocará al polémico titular del gremio UPCN, Carlos Quintana, para que se  siente en la mesa de las negociaciones. Al igual que Baradel, Quintana tiene que ver y mucho con el vaciamiento del IOMA al contar con un representante –Luis Pérez- en el directorio de la obra social. Por ende, también está denunciado penalmente.

Gente vinculada con Quintana y con su mano derecha, el secretario de Finanzas de UPCN, Héctor Nieves, aparecen directamente relacionados con mayorías de los negociados oscuros que se tejieron en la IOMA, desde la utilización de nombres de afiliados fallecidos para vender clandestinamente medicamentos oncológicos de alto costo, hasta la creación de sociedades fantasmas para facturarle al instituto cifras millonarias en concepto de internaciones domiciliarias que nunca se prestan. Producto de todo esta situación, hay afiliados que están pagando con su vida o con un marcado deterioro de salud las falencias del IOMA que cada vez brinda menos prestaciones.

En definitiva, estos dirigentes sindicales, en lugar de estar participando en una mesa de paritarias, deberían estar sentados en el banquillo de los acusados, de la misma forma que lo está haciendo Milagro Sala en Jujuy.     

Esperemos que el gobierno que encabeza María Eugenia Vidal, que cuenta con el apoyo de la enorme mayoría de los bonaerenses, pueda hacer una autocrítica e introducir las modificaciones necesarias para que finalmente se haga realidad el cambio que voto la gente. Que así sea.