El 30% de los hogares de la región fueron víctimas de la inseguridad

Un informe elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella determinó que tres de cada diez hogares fueron víctimas de episodios de inseguridad durante 2017, luego de un relevamiento efectuado en cuarenta centros urbanos, entre ellos el Gran La Plata.

Los robos a viviendas bajo la modalidad entradera se ubican al tope de la estadística, muchos de ellos con violencia ejercida por los asaltantes, se indicó en el estudio del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Política (Licip).

El trabajo se traduce en el Informe de Victimización (IVI), que en su última entrega, correspondiente al pasado diciembre, detalló que el 

28,9% de los domicilios en cuarenta centros urbanos de la Argentina fueron escenario de al menos un delito, representando una caída de 5,8 puntos respecto de la medición del mismo mes de 2016. No obstante, los parciales fueron fluctuando, alcanzando el pico máximo, con un 33% en junio y el menor, de un 24,4% en febrero.

También se destaca que “de cada 100 hogares, 20 sufrieron al menos un robo con violencia. Esta modalidad delictiva tiene una participación relativa del 62% sobre el total de delitos sufridos por los hogares”, como una de las conclusiones de este IVI, en el que se cuantifica la tasa de victimización para nuestro país, se trate de eventos denunciados o no a una autoridad competente,  a través de encuestas realizadas entre el 4 y el 15 de diciembre.

Sobre la evolución de este índice, el Licip apunta que “la medición de diciembre de 2017 estima que el 28,9% de los hogares de la Argentina fueron víctimas de al menos un delito en los últimos 12 meses”, por lo que puede considerarse que una de cada tres familias padeció la inseguridad.

Si bien “se ubica un 5,8% por debajo del valor observado en diciembre de 2016, subió un 1,9% en relación a lo observado en noviembre de 2017”.

Por zona y por hecho

El relevamiento “divide” a la geografía nacional en tres grandes regiones: Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior.

Entonces, la media nacional del IVI (28,9%) es superior a los delitos que ocurren en el ámbito porteño (26,7%) y las principales capitales de Cuyo, el noroeste y el noreste argentino, de la zona Pampeana y Patagónica (27,4%), pero inferior a lo que pasa en los distritos del sur, oeste y norte del Conurbano bonaerense (31,4%).

Además, la medición registra un mayor porcentaje (30,6%) en los conglomerados urbanos en los que residen más de 500.000 habitantes, bajando a las ciudades donde viven entre 100.000 y 500.000 personas (26,6%) y con un número muy inferior en los pueblos de entre 10.000 y 100.000 residentes (7,6%).

El documento de la Universidad Torcuato Di Tella clasifica a los delitos sufridos “contra la propiedad sin violencia” y “contra las personas”. En el primer rubro, se considera al hurto de objetos personales, robo a viviendas, robo de auto o camioneta, robo de objetos de vehículo, vandalismo de automotor o vivienda, en los que no existe contacto entre la víctima y el delincuente. 

Al respecto, el último diciembre mostró que de cada 100 hogares, diez sufrieron al menos un delito contra la propiedad sin violencia, implicando una caída de dos puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2016 y coincidiendo con la medición de noviembre de 2017.

Las dos preguntas de la encuesta

El Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Política (Licip) de la Universidad Torcuato Di Tella lleva adelante encuestas mensuales de victimización que tienen por objetivo describir y cuantificar el problema de la delincuencia en la Argentina, en las provincias y en los grandes centros urbanos.

El informe mensual de victimización se elabora en base a las siguientes preguntas: ¿en los últimos 12 meses ha sido usted o algún miembro de su familia víctima de algún delito, como por ejemplo robo, hurto, lesiones, amenazas, secuestro, homicidio, fraude, estafa, vandalismo, corrupción, ofensas sexuales? y ¿de qué delito o delitos han sido víctimas?

Luego, se dan las siguientes opciones: robo con violencia hacia las personas; asalto en vivienda; sustracción de auto, camión o camioneta; robo de moto, ciclomotor o bicicleta; sustracción de objetos de un vehículo; hurto de objetos personales; lesiones o amenazas; corrupción; ofensa sexual; secuestro (extorsivo, exprés o virtual); vandalismo sobre vehículo o sobre vivienda; homicidio, fraude o estafa u otros.

Evolución del Índice de Victimización mes por mes 

Enero31,2%

Febrero24,4%

Marzo29,2%

Abril27,1%

Mayo28,9%

Junio33,0%

Julio30,6%

Agosto27,4%

Septiembre29,2%

Octubre25,7%

Noviembre27,0%

Diciembre28,9%

Advierten sobre la necesidad de un plan de políticas públicas integral

Claudio Stampalija, doctor en Ciencias Penales y Criminología y director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano (Ceprede), en diálogo con diario Hoy dijo que “la nutrida evidencia científica demuestra que el déficit más notorio, tanto del Gobierno nacional como de la enorme mayoría de las administraciones provinciales y municipales, recae en la carencia de una verdadera política pública de seguridad integral, que tenga su eje central en la prevención social del delito y la violencia”.

Para el especialista “falta la implementación de programas multidisciplinarios focalizados. Para ello se necesita un diagnóstico previo. Así se actúa priorizando los problemas, sectores y segmentos sociales más vulnerables, como la niñez, la adolescencia, las mujeres, personas con problemas de adicciones, entre otros y, asimismo, se pone el foco a conductas delictivas concretas tales como por ejemplo los homicidios, violencia de género, abuso infantil, robo a viviendas o en la vía pública, narcomenudeo, accidentes de tránsito. Focalizar es ordenar el trabajo institucional”.

De acuerdo a Stampalija “se trata ni más ni menos que de socializar y democratizar la discusión de la seguridad, con una usina estatal capacitada para interpretar y ejecutar las políticas a seguir en orden a las prioridades que fijen los vecinos. Ello permite trabajar con agendas más precisas y diagnósticos más certeros. A nuestras dirigencias les mete miedo la participación comunitaria en la falsa creencia que no es conveniente que el vecino le respire en la nuca al quehacer institucional”. 

El 23% de los delitos fueron contra las personas

Los delitos contra las personas son aquellos como el robo con violencia, lesiones o amenazas, corrupción, ofensa sexual, secuestro, homicidio o estafa. La medición de diciembre 2017 reveló que cada 100 hogares, 23 sufrieron al menos un delito contra las personas en los últimos 12 meses.

Este valor implica una caída de cuatro puntos porcentuales respecto a diciembre de 2016, pero un incremento del 2% a lo observado en noviembre de 2017.

En consecuencia, el relevamiento de diciembre de 2017 en base a la participación relativa de los delitos indica que el 62% del total corresponde a robos con violencia, luego aparecen con el 12% tanto el robo a viviendas como el hurto de objetos personales, el rubro otros suma un 10% y el robo automotor cierra con un 3%.

El sentimiento de inseguridad afecta al 87,3%

De acuerdo con la información dada por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, sobre la base de una encuesta que alcanzó a 5.683 personas, el sentimiento de inseguridad que padece nuestra población afecta al 87,3% de los habitantes, cifra realmente muy alta que se manifiesta en el comportamiento individual.

Un dato llamativo es que solo la mitad de las víctimas efectuó la denuncia, tanto en el área metropolitana como en el Gran Buenos Aires. Ese comportamiento, que se modificó en ciudades del interior, puede verse como un síntoma de anomia o desintegración de las normas que aseguran el orden social, como lo ha señalado el coordinador del informe de la UCA, Agustín Salvia. Así, también, cabe suponer que el silencio de las víctimas de los delitos sea un efecto del nivel de inseguridad experimentado, que lleva a perder confianza en la autoridad policial.

El Gobierno estima tener a fin de mes el nombre del procurador de la Nación

El Gobierno prevé tener “hacia fin de mes o durante febrero” el nombre del candidato que se propondrá para ser el nuevo procurador general de la Nación, tras la salida de Alejandra Gils Carbó.

“El proceso va muy bien. Es una decisión del Presidente (Mauricio Macri). Estimamos que recién hacia fin de mes o durante el transcurso del mes de febrero el jefe de Estado tendrá algún candidato, pero no hay tampoco una fecha”, sostuvo el ministro de Justicia, Germán Garavano.

“En este momento, dar nombres o cantidades sería muy injusto y generaría expectativas. Hay una serie de candidatos. El Presidente tiene los antecedentes. Algunos han presentado o van a presentar planes de trabajo. Se está analizando eso de la manera más profesional”, agregó Garavano.

Algunos de los nombres que suenan para el puesto son los jueces Ricardo Recondo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; los fiscales Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuán, Raúl Pleé, Carlos Rívolo y José María Campagnoli; los juristas Alberto García Lema e Inés Weinberg de Roca; y el senador nacional Rodolfo Urtubey.

Respecto a las tareas que tendrá el candidato que sea elegido por el jefe de Estado, el titular de la cartera jurídica remarcó que el nuevo procurador tendrá “un desafío enorme” para “empezar a preparar la Procuración para avanzar hacia un sistema acusatorio, adversarial, un cambio en el sistema procesal”.

La Procuración General de la Nación se encuentra actualmente a cargo de Eduardo Casal, quien asumió de manera interina el pasado 22 de noviembre, cuando Gils Carbó se tomó licencia hasta el 31 de diciembre, día en que se hizo efectiva la renuncia que había presentado el 30 de octubre.

El nombre que reciba el visto bueno del Presidente no solo deberá ser el de alguien que tenga las condiciones para el cargo, sino también deberá ser una persona que pueda reunir el consenso político para que su pliego pase sin problemas por el Senado.

La reforma del Ministerio Público Fiscal es además uno de los temas centrales que abordará el Congreso durante 2018, si es que el interbloque de Cambiemos logra un acuerdo con los senadores del PJ.

La iniciativa fue elaborada por el Poder Ejecutivo el año pasado con la finalidad de limitar el mandato y el campo de acción de la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Si bien el proyecto fue debatido en comisiones recibió muchas críticas de diversos juristas y especialistas en derecho, incluyendo a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

Debido a las críticas, el justicialismo hizo una serie de modificaciones sobre el proyecto que no fue aceptada por Cambiemos, lo que llevó a que la reforma del Ministerio Público se estancara, dado que el oficialismo no tiene mayoría suficiente para avanzar por sí solo con una votación.