Kicillof: “Si el Estado no hace estas obras, no las hace nadie”
El mandatario bonaerense recorrió obras estratégicas en Marcos Paz y denunció el abandono del Gobierno nacional.
La inseguridad alimentaria entre niñas, niños y adolescentes alcanza niveles récord tras un año de gobierno de Javier Milei. El 51% de quienes viven en hogares con empleo informal padecen malnutrición, superando los picos de crisis anteriores.
25/07/2025 - 00:00hs
En la Argentina actual, tener empleo dejó de ser sinónimo de estabilidad o sustento garantizado. Hoy, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes que crecen en hogares donde los adultos trabajan en condiciones informales sufre algún grado de inseguridad alimentaria. Es el nivel más alto registrado en al menos los últimos quince años, superando incluso los momentos más críticos de la pandemia o de la recesión previa.
El dato surge en un contexto marcado por las políticas de ajuste y desregulación promovidas por el gobierno de Javier Milei, que lejos de revertir el deterioro social, profundizaron la exclusión. La informalidad laboral —que alcanza a más del 40% de la población ocupada— no solo impide acceder a derechos básicos, sino que condena a millones de familias a vivir por debajo de la línea de pobreza, aun trabajando.
Lejos de tratarse de un problema aislado, el hambre en la infancia es el reflejo más crudo de un modelo que desatiende las necesidades estructurales de la población. Los hogares con empleo no registrado o inestable muestran los niveles más altos de malnutrición infantil, y el panorama se agrava en familias monoparentales o numerosas, donde las redes de contención son más frágiles y los ingresos, aún más insuficientes.
La falta de acceso regular a una alimentación adecuada impacta directamente en la salud, el desarrollo cognitivo, el bienestar emocional y el rendimiento escolar. Sin una política pública sostenida que garantice derechos básicos, la escuela, los comedores comunitarios o las transferencias sociales terminan siendo los únicos espacios de contención para millones de chicos y chicas.
Si bien herramientas como la AUH y la Tarjeta Alimentar amortiguan parcialmente el golpe, su alcance resulta limitado frente al avance de la precarización. La informalidad y la falta de oportunidades estructurales vuelven insuficiente cualquier esfuerzo paliativo, sobre todo en un escenario donde el Estado se retira deliberadamente de su función de garantizar derechos.
A nivel territorial, la situación es aún más grave en regiones como el NOA, Cuyo y el NEA, donde la informalidad laboral supera el 50%. Esta desigualdad geográfica también condiciona el acceso a alimentos y servicios esenciales.
Después de más de un año de promesas de libertad y eficiencia, lo que deja el experimento libertario es un mapa social devastado: millones de trabajadores pobres y sus hijos, sumidos en el hambre, la incertidumbre y el abandono.