El futuro de la Corte en manos del Congreso

Cuando, hace poco más de un mes el abogado José Manuel Ubeira, autor del término “Gestapo” aplicado al espionaje ilegal sistematizado por el macrismo, dijo a diario Hoy que habría que ampliar drásticamente la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la propuesta parecía lejana. En el escaso tiempo que pasó desde la publicación de aquella entrevista, el panorama ha cambiado tanto que en estos momentos el Congreso Nacional tiene entre manos no uno, sino cuatro proyectos para hacer eso mismo.

Las iniciativas presentadas por los senadores Adolfo Rodríguez Saá y Juliana Di Tullio, por una parte, y Alberto Weretilneck, por la otra, contemplan una modificación de la Corte para llevarla respectivamente a 9 o 16 miembros, en lugar de los 5 que la integran actualmente (4 por estos días, en virtud de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, la única mujer que la integraba). Se sumará otra anunciada por Silvia Sapag, también con 15 ministros como objetivo. Y también hay un proyecto de la senadora Clara Vega, que no modifica la cantidad de magistrados, pero sí establece el equilibrio entre hombres y mujeres.

El texto presentado por Rodríguez Saá apunta a que la Corte pueda “reflejar en su integración las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”. El de Weretilneck exige que haya al menos tres jueces por cada una de las siguientes regiones del país: Norte, Centro, Sur, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El de Vega establece la paridad de género entre los miembros del alto tribunal.

Una historia de cambios

No sería la primera vez que el número de integrantes del máximo tribunal de la Argentina se modifica, y tampoco, probablemente, la última. Porque la Corte tiene una historia de ampliaciones y achiques en su composición, al vaivén de las relaciones, a veces tensas, otras menos, entre la Justicia y la política. A lo largo de un siglo y medio, tuvo 11 miembros (9 jueces y 2 fiscales), luego 5, después (bajo Arturo Frondizi) 7, luego 5 otra vez; más tarde 9, y después, gradualmente (según lo dispuesto por Cristina Fernández), fue bajando otra vez a 5.

La enumeración parece indicar que la Corte siempre ha derivado hacia el 5, una especie de número mágico que alguna vez ponderó el periodista Mariano Grondona, en momentos en que era el comunicador más influyente del país. En una emisión de su extraordinariamente popular ciclo Hora clave, Grondona argumentaba que el máximo tribunal, por entonces compuesto por 9 miembros, solo podría estar conformado por los hombres más capaces y honestos de todo el Poder Judicial argentino. “¿Usted cree que hay nueve?”, preguntó, clavando la vista en la cámara, y continuó: “¿Usted cree que hay cinco?”.

Pero los tiempos parecen haber cambiado. Una Corte pequeña y exclusiva, como la que quería Grondona, cuyos miembros se pueden contar literalmente con los dedos de una mano, ya no es el ideal en la mente de los legisladores ni de los actores del propio Poder Judicial, que se quejan de la arbitrariedad de la que goza el tribunal para manejar las causas, del atraso que se produce por la dilación en las resoluciones y hasta de la falta de equilibrio de género, ya que se trata de un cuerpo que siempre ha tenido, por lejos, mayoría masculina.

Todas las ideas que se han lanzado en los últimos tiempos propenden más bien a ampliar la Corte, y no solo en cantidad de ministros: a democratizarla y volverla más inclusiva en términos geográficos. “Si vamos a hablar de una Corte federal, tiene que haber representación de todas las provincias”, decía Ubeira en aquella entrevista exclusiva con diario Hoy. Su idea era llevar el número de ministros del tribunal a 30. Los proyectos que están en el Congreso no son tan expansivos, pero parten de la misma base: necesitamos una Corte con más jueces, que vengan de más lugares y representen a más sectores de la población.

Choque de poderes

Por supuesto, sería ingenuo pensar que esa es la única razón por la que en estos días proliferan las iniciativas para ampliar la Corte. Las modificaciones suelen venir impulsadas por los conflictos entre los poderes del Estado, típicamente cuando el estamento judicial choca contra el Ejecutivo. Por ejemplo, se recuerda que Carlos Menem decidió llevar el número de magistrados de 5 a 9 para así contar con la infame “mayoría automática” que le allanara el cami­no para las reformas neoliberales que introdujo, y cuyos resultados nefastos conocemos. Otras coyunturas han encontrado a la Corte Suprema invadiendo el espacio de los otros poderes y derribando normas sancionadas democráticamente.

Algo de esto ha sucedido, ahora que una Corte compuesta por cuatro hombres decidió tomar el control del Consejo de la Magistratura, nada menos que el órgano encargado de designar y remover a los jueces. Para ello, el alto tribunal tuvo que llevarse puesta, primero, la ley que establecía la composición y funcionamiento de tal cuerpo. Al momento de escribir estas líneas, tanto la Corte como el Consejo están presididos por el mismo señor: Horacio Rosatti, un juez cuya entrada al máximo tribunal iba a ser originalmente por decreto, circunstancia corregida a las apuradas por el ideólogo de su designación, el expresidente Mauricio Macri.

Es el punto culminante de una relación tensa entre el Gobierno y la Corte, acusada de fogonear el lawfare e invadir el ámbito propio de los otros dos poderes. En medio de esa tensión, la política responde con una serie de proyectos que cuestionan, no sin razón, la legitimidad de este cuerpo pequeño y poco diverso.

En las próximas semanas sabremos si la Argentina tendrá una nueva Corte, más amplia y representativa. Mientras tanto, la puja entre poderes continúa.