Además de corroborar las horas de trabajo, las unidades de evaluación deberán verificar que los beneficiarios gocen de buenas condiciones laborales, así como de que reciban la capacitación dispuesta en cada caso.
El Gobierno nacional creó “unidades de evaluación” destinadas a comprobar que los beneficiarios del plan social Potenciar Trabajo, otorgado por el Estado, cumplan con la contraprestación requerida para percibir la suma fijada en la mitad del salario mínimo vital y móvil.
Estas unidades fueron creadas por resolución del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, semanas después de que la vicepresidenta Cristina Fernández reclamara que el Estado recupere el control y la auditoría de las políticas sociales.
En un discurso que pronunció en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en Avellaneda, la vice se refirió a la cantidad de beneficiarios de programas sociales que existen y a la necesidad de que esas prestaciones tengan un control más fuerte por parte del Estado, que, en definitiva, es el que las ofrece.
“Hoy tenemos 7% de desocupación. Estamos solamente a 1,1 de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales”, dijo Cristina en esa ocasión. “Y ojo que no estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata les dan a los pobres... Pero digo que el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.
Ahora, el Ministerio avanza en ese sentido. Con la creación de las unidades de evaluación, busca “identificar necesidades de capacitación, promoción del trabajo e integración social con la finalidad de mejorar la empleabilidad y formación de los titulares”.
Tal como lo informara oportunamente diario Hoy, Zabaleta firmó un convenio con su par de Educación, Jaime Perczyk, para que las universidades nacionales brinden capacitación a los más de 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo. La nueva resolución, publicada en el Boletín Oficial con el número 835/2022, dispone que las casas de altos estudios participen en la auditoría requerida: se suscribirán acuerdos puntuales con distintas universidades para que se ocupen del control del cumplimiento de las tareas asignadas.
Además de corroborar las horas de trabajo, las unidades de evaluación deberán verificar que los beneficiarios gocen de buenas condiciones laborales, así como de que reciban la capacitación dispuesta en cada caso.