Organizaciones sociales denunciaron a Milei ante la CIDH
Las organizaciones sociales y políticas le solicitaron al organismo que "que exhorte al Estado argentino a cumplir con sus obligaciones".
El gobierno presentó un proyecto para eliminar las PASO, endurecer los requisitos para partidos políticos y reformar el financiamiento electoral. Aunque busca justificarlo como una medida de austeridad, la iniciativa podría limitar la pluralidad democrática y favorecer a las grandes coaliciones.
16/11/2024 - 00:00hs
El Gobierno nacional presentó ayer por la tarde el proyecto Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y reformar el sistema de financiamiento de las agrupaciones. Según Manuel Adorni, portavoz del anuncio, las PASO han sido una “encuesta millonaria al servicio de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”.
El costo de las PASO es uno de los puntos centrales del proyecto: solo en 2023 demandaron $45.445 millones. Sin embargo, resulta llamativo que el gobierno, que en campaña prometió fortalecer la participación ciudadana, apueste ahora a eliminar una herramienta que en teoría buscaba democratizar las internas partidarias.
El proyecto también establece requisitos más estrictos para el reconocimiento de partidos políticos. Las agrupaciones deberán contar con al menos el 0,5% de afiliados del padrón electoral (actualmente es el 0,4%), alcanzar un mínimo del 3% de votos en dos elecciones consecutivas y tener presencia en al menos 10 distritos, en lugar de las cinco jurisdicciones actuales. Quienes no cumplan estos resultados quedarán automáticamente excluidos, una medida que podría restringir la competencia y favorecer a las grandes coaliciones tradicionales.
Por último, se plantean modificaciones en el sistema de financiamiento para reducir el gasto público y transparentar los recursos de los partidos. Sin embargo, resulta paradójico que un gobierno que ha aumentado el gasto en áreas como Inteligencia y Seguridad, ahora insista en justificar estas reformas bajo el argumento de austeridad, especialmente cuando el ahorro proyectado no compensa el impacto político y social de reducir la pluralidad democrática.