La Provincia no adherirá al blanqueo de capitales

La provincia de Buenos Aires confirmó que no adherirá al blanqueo de capitales promovido por el gobierno nacional, permitiendo a ARBA reclamar impuestos provinciales omitidos y cuestionando la repetición de este tipo de regímenes fiscales.

La Provincia de Buenos Aires continúa firme en su postura de no adherir al Régimen de Regularización de Activos propuesto por el gobierno de Javier Milei. El blanqueo, pensado desde el Ejecutivo Nacional para atraer dólares del exterior y aliviar el cepo cambiario, cerró su primera etapa con la declaración de aproximadamente 19.000 millones de dólares en 300.000 cuentas especiales. Sin embargo, requiere que las provincias renuncien a gravar los bienes regularizados. En este punto, Kicillof ha decidido no ceder. Según el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, "la provincia no tiene ninguna obligación de adherir al blanqueo", permitiendo así a la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) exigir el pago de impuestos no tributados, como ingresos brutos y sellos, por activos previamente ocultos.

La no adhesión pone en aprietos a quienes hayan blanqueado capitales con bienes de origen bonaerense, ya que podrían enfrentarse a fiscalizaciones y reclamos impositivos. ARBA, por medio de convenios con bancos y la ex AFIP, tiene la capacidad de identificar a quienes hayan abierto cuentas especiales (CERA), aunque persisten dificultades para conocer los montos exactos regularizados.

Desde el gobierno provincial han señalado que regularizaciones repetidas, como el blanqueo, generan incentivos negativos para cumplir con las obligaciones fiscales. Esta visión marca una clara distancia respecto de las estrategias nacionales y de otras provincias como Mendoza, que adhirió al régimen sin aplicar tributos adicionales, o Neuquén, que estableció una alícuota progresiva de entre 0,75% y 1,25%.

La negativa de la provincia bonaerense, una de las jurisdicciones más grandes del país, debilita el plan de Milei para atraer dólares y muestra las grietas en su intento de construir consensos. Mientras tanto, el debate sobre el impacto real de los blanqueos en la economía y la justicia fiscal queda abierto, con críticas hacia un modelo que, para algunos, beneficia más a los evasores que al resto de los contribuyentes.

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