En medio del debate, el Gobierno aspira a que “todos los actores” políticos de la Argentina se involucren en la generación de empleo genuino para un universo que supera los 7 millones de trabajadores de la economía popular.
Funcionarios, organizaciones y dirigentes plantearon la necesidad de habilitar un rol más activo de gobernadores e intendentes en torno al debate sobre las políticas sociales, con el objetivo de incorporar a quienes participan del tejido productivo nacional en el desarrollo de fuentes de trabajo.
En medio del debate, el Gobierno aspira a que “todos los actores” políticos de la Argentina se involucren en la generación de empleo genuino para un universo que supera los siete millones de trabajadores de la economía popular.
“Necesitamos a los intendentes y a los gobernadores para acompañar; el ordenador es el trabajo y ahí tiene que estar más el Estado, los debates tienen que servir para mejorar, tenemos que trabajar juntos para ir en el camino de la recuperación del trabajo porque nadie se salva solo”, expresó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.
También el titular de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, defendió la idea de convocar a “todos los actores de la sociedad civil, a los actores del tejido productivo nacional”, porque, recordó, “como decía Néstor Kirchner, un proyecto político no se puede defender solamente con partidos”.
La semana pasada el Gobierno ratificó que la administración, planificación y diseño de las políticas sociales pasan por el Poder Ejecutivo, focalizadas en el plan Potenciar Trabajo, que promueve proyectos sociocomunitarios, sociolaborales, socioproductivos o de terminalidad educativa, y que prevé el pago del Salario Social Complementario (la mitad de un salario mínimo vital y móvil) y el otorgamiento de subsidios o créditos para el funcionamiento de unidades de gestión.
La gestión de estas políticas, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, acumuló desde agosto pasado 12 medidas de gobierno dirigidas a favorecer a unos cuatro millones de inscriptos en el Registro Nacional de la Economía Popular (Renatep) y agilizar su incorporación a sectores productivos, mediante convenios sellados con cámaras empresarias y sindicatos.