El Gobierno denunció irregularidades en comedores financiados por el Estado

En el marco de las auditorías que ordenó desplegar el Presidente Javier Milei en distintos programas estatales, el Ministerio de Capital Humano detectó que el 50 % de los comedores que formaban parte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, creado durante la pandemia, eran inexistentes, por lo que presentó una denuncia penal ante la Justicia.

Según precisó la cartera que conduce Sandra Pettovello, las auditorías sobre el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) revelaron que, en algunos casos, los datos de la preinscripción no coinciden con los reales, mientras que, en otros, en la dirección declarada nunca funcionó un merendero y otros directamente no funcionan más como comedores.

Los datos surgen de las auditorías que realizó la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello.

Según la denuncia presentada por la sSecretaría legal del Ministerio de Capital Humano, el proceso para acceder a este programa, para garantizarle alimento a comedores y merenderos comunitarios, constaba de tres pasos: en un primer lugar, la preinscripción; en segundo lugar, la validación; y finalmente, la matriculación que tenía un período de dos años, luego debía revalidarse.

Según denunció el Ejecutivo, la gestión anterior “no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”. “La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron y/o si los comedores benefi­ciarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, relata la presentación judicial.

El Gobierno asegura que solo pudo relevar la mitad (52,3 %) de todos los comedores que aparecen en el Renacom y que el restante 47,7 % no pudo ser relevado, dado que son catalogados como “inexistentes” por distintos motivos. La presentación judicial señala que el 32 % de los comedores no funcionan más como tal; el 25 % de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16 % declaró una dirección en la que nunca funcionó un comedor/merendero.

Con este panorama, la actual gestión denunció el incumplimiento de deberes de funcionario público y el fraude a la Administración Pública.