Milei habilitó a la Policía Federal a realizar detenciones discrecionales
En exclusiva con diario Hoy, el exjuez platense Luis Arias criticó el nuevo decreto que reforma la fuerza de seguridad y citó un histórico fallo suyo de 2008.
Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso el cierre de dos fideicomisos vinculados a los subsidios de gas y la infraestructura vial.
19/06/2025 - 00:00hs
Mediante el Decreto 415/2025, el gobierno de Javier Milei disolvió este miércoles el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Fideicomiso de Autopistas y Rutas Seguras. Con esta medida, ya suman 26 los fondos liquidados en lo que va del año.
Según el Ejecutivo, la decisión se basa en informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que revelaron múltiples irregularidades. En el caso del fondo destinado al GLP, se observaron la ausencia de indicadores de gestión, falta de documentación sobre transferencias de fondos y de estados contables auditados.
Menos estructura, más ajuste
Creado para asistir a hogares de bajos recursos sin acceso a redes de gas natural, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo financiaba el Programa Hogar, clave en zonas vulnerables. Aunque el Gobierno aseguró que el programa seguirá vigente bajo la órbita del Ministerio de Economía, distintas organizaciones advierten que la disolución del fondo podría dificultar su funcionamiento en la práctica.
La administración libertaria justificó el cierre como parte de un plan para lograr una gestión “ágil y eficiente”, pero los recortes en áreas sensibles como energía y obra pública alimentan las críticas sobre el impacto real del ajuste en los sectores más postergados.
Un cierre sin reemplazo institucional
Por otra parte, el Fideicomiso de Autopistas y Rutas Seguras había sido creado para financiar corredores viales mediante el régimen de Participación Público-Privada. Aunque los contratos PPP se cancelaron en 2020, el fideicomiso mantenía activos los mismos para responder a una deuda de 89 millones de dólares. Según el Gobierno, las funciones actuales eran únicamente financieras y generaban altos costos de administración.
En esa línea, el Ministerio de Economía fue autorizado a firmar un contrato con el Banco de Inversión y Comercio Exterior para continuar con los pagos pendientes.
Así, más allá de las fallas administrativas detectadas, el camino elegido por el oficialismo genera inquietud en varios sectores. La eliminación de herramientas institucionales sin reemplazos claros, en nombre de la eficiencia, implica una degradación de las capacidades del Estado para llegar con políticas públicas a quienes más las necesitan.