El momento de las empresas recuperadas

La Argentina es el país que tiene más fábricas recuperadas por sus trabajadores en todo el mundo. Aún así, no existe una ley que defina, regule y promueva este fenómeno. O quizás habría que decir que existe, pero en forma de proyecto. Un proyecto que espera su aprobación en el Congreso Nacional, y que, a juzgar por las señales que viene enviando el Gobierno y el contexto en que se encuentra la economía, podría ser aprobado más temprano que tarde.

Se trata de la iniciativa para una “ley de recuperación de entidades productivas”, redactada por el diputado Leonardo Grosso y tomada, a principios de 2020, por la recientemente creada Dirección Nacional de Empresas Recuperadas. En aquel momento acababa de declararse la pandemia global de Covid-19 y la economía nacional se deterioraba rápidamente. En ese contexto, no era extraño que el Gobierno hiciera suyo el reclamo de un sector compuesto por más de 400 empresas, que empleaba a más de 18.000 personas.

El proyecto no surgió de la nada. Aunque fue redactado durante el surgimiento de la pandemia y fundamentado en el descalabro que esta produjo, está basado en una experiencia de más de dos décadas, ya que las empresas recuperadas llevan ese tiempo de existencia en nuestro país. Al principio eran solo un puñado, hoy son centenares. Su origen se remonta al año 2000, cuando una crisis económica de proporciones impensadas empezó a gestarse en la Argentina, para desembocar a fines de 2001 en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. En aquel tiempo se fundaba el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores.

En los fundamentos de la propuesta, Grosso y los otros diputados que también la firman (Ayelén Spósito, Juan Carlos Alderete, Mabel Caparrós, Itaí Hagman, Mónica Macha, Héctor Bárbaro, Federico Fagioli y Graciela Landriscini) sostienen que en tiempos de crisis económica miles de trabajadores “han buscado y encontrado la manera de recuperar su trabajo y dignidad por medio de la autogestión”, pero que esa actividad se viene desarrollando “ajena a resortes estatales eficaces y sin normativa que la contemple de forma estratégica”.

Por eso, abogan por “atender de manera especial y con medidas apropiadas a los grupos más desprotegidos”, y en ese sentido consideran que la sanción de la ley que proponen resulta “urgente”. Dos años después, esa urgencia persiste.

“El camino”

En su articulado, la propuesta de norma legal dispone que toda unidad productiva que esté en cesación de pagos, abandono, desmantelamiento o disolución podrá ser expropiada y cedida a sus trabajadores para que la administren en forma de cooperativa. Es decir, da un marco legal para lo que ya sucede.

Pero también crea un fondo fiduciario, declara “de utilidad pública el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores/as” y determina la cesión por parte del Estado de las instalaciones, con una condición: que parte de las mismas, “no utilizadas para la producción”, sean cedidas “para el desarrollo de actividades sociales, educativas, culturales, tareas de cuidados y/o de formación profesional”.

En mayo último, cuando el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó del lanzamiento del Registro Nacional de Empresas Recuperadas (Renacer), el director del área, Eduardo Murúa, destacó que “el camino del Gobierno nacional” es justamente el de la “defensa de las empresas recuperadas de todo el país y del trabajo argentino”. Murúa dijo que el objetivo “seguirá siendo la generación de millones de puestos de trabajo y la recuperación de la soberanía industrial”.

Por eso, es de esperar que el proyecto de ley sea aprobado en el Congreso de la Nación, en tiempos en que el Gobierno busca denodadamente reconstituir la actividad económica.

Otros proyectos

La iniciativa de Grosso es uno de varios proyectos que llegaron al Congreso y que se relacionan con distintas problemáticas de los sectores populares, incluida la economía popular. Entre otros, se encuentran el del diputado Hagman para establecer un Salario Básico Universal (SBU); el de Fagioli para proteger los territorios periurbanos productivos; el de Monotributo productivo; el que establece un sistema integral de protección del trabajo de cuidado comunitario; el que fija un marco regulatorio para la pesca artesanal; y más.

Casi todas estas propuestas se encuentran en comisión en el Congreso. El caso del SBU es particular porque desde el Gobierno ya se desalentó la posibilidad de aprobarlo, pero, en cambio, el bloque del oficialismo presentó otro similar. Los senadores Juliana Di Tullio y José Mayans redactaron el proyecto que entró hace una semana a la Cámara, y que limita el universo al que se dirigiría la ayuda y el alcance en el tiempo, pero que coincide en la idea central: cubrir la canasta necesaria para salir de la indigencia.

En la Provincia

Mientras tanto, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó en abril de este año una ley de emergencia para las empresas ­recuperadas.

Tal como lo informaba oportunamente diario Hoy, el proyecto enviado por el gobernador Axel Kicillof, y que ya es ley (el gobernador la promulgó en mayo), suspende desalojos, otorga beneficios en materia tarifaria y prohíbe el corte de servicios por dos años a los emprendimientos que hayan quedado en manos de cooperativas de trabajadores. Además, declara de interés ­provincial ese proceso de recuperación de los emprendimientos.