El norte argentino, entre el narcotráfico y las redes de trata

El asesinato de jóvenes en San Pedro (Jujuy) es un ejemplo del perverso entramado que vincula la prostitución, las drogas y el poder político. Actualmente existen 1500 pistas clandestinas en la frontera con Bolivia. Un flagelo que no para de crecer

El norte argentino se ha constituido en una región donde la trata de personas y el narcotráfico se conjugan entre sí, ge­ne­rando zonas liberadas para el accionar de bandas delictivas vinculadas a las distintas policías provinciales y nacionales.

En ese marco, la provincia de Jujuy se ha vuelto una región de tránsito para el ingreso de droga al país. Existen ciudades donde la actividad ilegal es digitada desde las mismas fuerzas de seguridad.

Durante los últimos meses, una serie de denuncias recayeron sobre la policía de San Pedro, uno de los distritos jujeños indicados como una de las principales rutas de la droga. Según consta en varias presentaciones judiciales, allí los efectivos someten a los jóvenes de barrios periféricos obligándolos a hacer de “mulas” fronterizas, es decir pasar droga de Bolivia a Argentina y viceversa. 

El hecho tomó relevancia mediática luego de que varios jóvenes del lugar fueran torturados, y en varios casos asesinados, por efectivos  policiales. De hecho, el caso más resonante fue el de  la muerte de Martín Gómez, un joven de 28 años apodado “Sonrisa”, quien luego de haberse rehabilitado de su adicción al paco se había negado a “trabajar” para la policía, decisión que le costó una decena de detenciones con torturas incluidas. Finalmente terminó muerto por “asfixia” (además de registrar varios golpes en su cuerpo)  en un ventiluz de la casa de un policía jujeño.

En ese marco, tanto el gobierno provincial de Eduardo Felner se ha mantenido impotente a la probl­emática del narcotráfico Jujuy, sin siquiera reconocer el flagelo que viene en franco crecimiento.

Por otra parte, los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical,  Juan Pedro Tunessi y Ricardo Alfonsín denunciaron ante la Cámara Federal salteña la falta de recursos y la falta de atención de las causas de narcotráfico.

El caso tucumano
Tucumán es una de las provincias donde más se han desarrollado las bandas delictivas, lo que genera decenas de muertos y desaparecidos, en una problemática que posee una relación indisimulable con los estamentos del poder estatal.

Luego de la absolución de todos los acusados por el secuestro y la desaparición de Marita Verón , el entramado entre las redes de trata, el narcotráfico y el poder político quedó al descubierto.

La provincia gobernada por el kirchnerista José Alperovich viene permitiendo el accionar y desarrollo de las mafias. El caso Verón fue emblemático, ya que  Rubén “La Chancha” Alé, uno de los empresarios tucumanos conocidos por manejar el negocio del juego, las drogas y la trata de personas, fue uno de los acusados que quedó en libertad, pese a existir varios testimonios que lo señalaban como el dueño de los cabarets donde se la vio a Marita Verón. Incluso algunas declaraciones que constan en la causa indican que la joven tucumana fue secuestrada en uno de los  autos de la flota de remiss de la compañía de “la chancha”.

Como adelantó Hoy en ediciones anteriores, la “Chancha” Alé  tiene un pasado de años vinculado al Partido Justicialista tucumano, principalmente en momentos en que Alperovich era ministro de Gobierno.

La relación del poder político con la familia Alé viene de la década del ’90, y se incrementó en la época del gobernador Julio Miranda (-), cuando Alperovich era ministro de Economía.  De hecho, y según denunciaron desde la publicación tucumana “Contrapunto” a este medio, en los saqueos de 2001 Alé ponía los remisses con gente armada a disposición del gobierno tucumano para evitar que se llevaran a cabo los saqueos a los supermercados.

En aquel momento Alperovich era uno de los principales dirigentes  que digitaba el gobierno y encargado de resguardar los intereses económicos de las empresas que podían verse afectadas por la crisis, principalmente en lo referente a los saqueos. 

El colador fronterizo

Según estiman relevamientos extraoficiales, en el norte del país existen alrededor de 1500 pistas clandestinas por donde ingresan alrededor de 120 aeronaves diarias que pueden llegar a transportar hasta 600 kg de droga por viaje. Argentina tiene alrededor de 750 pasos clandestinos con Bolivia y alrededor de 60 pasos clandestinos con el Paraguay.

La Justicia al pie de la impunidad

Dentro de la complicidad estatal también opera la Justicia. En la causa de Marita Verón quedó demostrado, luego de que los jueces absolvieran a todos de los acusados. El rol que aquí jugo el gobernador K José Alperovich no fue ingenuo, ya que cuando asumió en 2003 derogó el Consejo de la Magistratura, y todos los jueces y fiscales que ingresaron en los últimos nueve años entraron por el gran operador que él tiene en la Justicia, que es el ministro de Gobierno, Edmundo Pirincho Jiménez.

Cuando el ámbito público es sinónimo de peligro

Por Luis Vicat (*)
Especial para Hoy

Vemos que el fenómeno de la inseguridad, desde la percepción social -lo que percibe la gente- está aumentando. Por los delitos que se conocen y por muchos de los delitos que están en lo que se llama la cifra negra, que no se conocen y que no se publicitan.
Respecto a la sinergia del espectro delictivo, se siguen profundizando dos vectores: la mutación y la migración. La migración significa que vemos más delitos del típico corte urbano trasladados al eje suburbano rural. Es decir, en zonas de pueblos pequeños y campestres se producen delitos que antes no se producían. Y respecto a la mutación, lo que observamos es que se viene acentuando la violencia implícita en cada delito, que ya forma parte constitutiva del delito en sí.

La percepción social es que, fuera del ámbito que es estrictamente domiciliario, el espacio público los pone en peligro. Esta es la percepción social generalizada: el ámbito público es sinónimo de peligro. Y esto es muy grave porque la sociedad se ralentiza, deja de poder desarrollarse Libremente, afectando desde cualquier punto de vista, político, económico, social inclusive. Porque la gente tiende a retraerse, se pierde el contacto con los prójimos, por temor, etc.

Todo esto genera cambios sociales, culturales, que a la postre también se transforman en cambios económicos.

El fenómeno de la migración del delito es un hecho. Es decir, hay conductas delictivas que antes no se veían en ciertas zonas y que hoy replican al modo del Conurbano bonaerense, en gran forma, en lugares en donde antes no se conocían prácticamente. Esto hace que haya una percepción subjetiva de inseguridad generalizada por parte de la sociedad.

El narcotráfico tiene una relación directa con los delitos violentos de prácticamente un 80%. Como víctima o victimario, la violencia en los delitos está presente de la mano del narcotráfico. Y esto es gravísimo, es un callejón que puede llegar a irse ensanchando cada vez más. Lamentablemente, hasta ahora, la experiencia indica que el narcotráfico viene ganando la partida en cuanto a su asentamiento.

Quien diga que en este momento puede acotar o terminar con el flagelo, indudablemente no es veraz. Quizá de la mano de alguna promesa de campaña vamos a escuchar prontamente algunos planes cuasi mágicos y  demás que amenazan terminar con la inseguridad. Hoy por hoy, terminar con la inseguridad de forma inmediata es, literalmente, imposible.

Lo que se puede hacer es generar todo un rediseño de las políticas de seguridad, que de ser reactivas pasen a ser proactivas y entonces, a un mediano plazo vamos a poder ir acotando el delito y luego, a un largo plazo -estamos hablando de, por lo menos, dos años-, vamos a poder, con medidas apropiadas, ir reduciendo el delito.


(*) Excomisario inspector, licenciado en
Seguridad y abogado