Luego de que se confirmara otro veto del Presidente Milei, en este caso a la Ley de Financiamiento Universitario, crecen las alarmas por la dinámica ejercida por el Gobierno libertario.
13/10/2024 - 00:00hs
En una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación confirmó el veto presidencial la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que Parlamento no podrá insistir con el tema durante al menos un año.
Vale recordar que el Gobierno de Javier Milei ya había vetado la ley de movilidad jubilatoria impulsada por la oposición y, de la misma forma que con el veto al financiamiento universitario, Diputados confirmó esta decisión.
En este escenario se observa una dinámica que se repite: la oposición presenta proyectos; se aprueban leyes que el Poder Ejecutivo luego vetará; y como último paso, la administración del Presidente Javier Milei publica decretos de necesidad y urgencia (DNU) para continuar con su plan de gobierno e impulsar sus medidas. Vale señalar que, en lo que va de su mandato, el Javier Milei ya ha firmado más de 40 decretos de necesidad de urgencia.
Ante las alarmas que encendió esta mecánica ejercida por el Ejecutivo, los bloques opositores trabajan para cambiar la ley de decretos que regula las facultades del presidente para emitirlos y los requisitos para rechazarlos. Desde que asumió La Libertad Avanza se presentaron 14 proyectos para reglamentar esta dinámica.
Los proyectos
Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, comenzó a impulsar un paquete de proyectos que proponen modificaciones trascendentales en la Ley 26.122, sancionada en 2006, 12 años después de la reforma constitucional en la que se instauró el sistema de DNU. El proyecto contó con el apoyo del kirchnerismo como así también de la mayoría del radicalismo, la Coalición Cívica, parte de Innovación Federal, la izquierda y bloques provinciales.
Entre las modificaciones que se analizan, se plantea la posibilidad de que la bicameral de Trámite Legislativo, encargada de tratar los decretos, también pueda dictaminar sobre la modificación de un DNU, algo que no está previsto en la actual legislación. Además, se va a exigir a la comisión que en el despacho se pronuncie sobre “la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio”.
Otra de las propuestas que están en carpeta, y que es impulsada por el senador Martín Lousteau, plantea que los DNU deben tener la aprobación de ambas Cámaras, de esta forma pueden ser rechazados con el voto negativo del Senado o de Diputados. Esta modificación se repite en varios proyectos y seguramente es uno de los cambios centrales que tiene más consenso en el Congreso.
De esta forma, objetivo principal de las modificaciones propuestas, es permitir que, con el rechazo de cualquiera de las Cámaras, el decreto quede sin vigencia.
Por último, vale destacar que todos los textos que se encuentran con estado parlamentario comparten el espíritu de agilizar y facilitar el rechazo de los decretos para evitar que el Poder Ejecutivo asuma funciones legislativas que no le corresponden. Por otra parte, no será una tarea sencilla llegar a un consenso mayoritario que incluya todos los sectores de la oposición.