El procurador y el Consejo de la Magistratura, también en la agenda del Congreso

En días en que la iniciativa para enjuiciar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación domina el debate político (ver página 3), otras iniciativas cuyo tratamiento pasa más desapercibido y que tienen que ver con el Poder Judicial están listas para ser debatidas durante el período de sesiones extraordinarias habilitado por decisión del Presidente Alberto Fernández. Son, sin embargo, fundamentales.

Entre los 28 proyectos disponibles para tratar en este período extraordinario en el Congreso (eran 27 originalmente y ayer, tal como lo anticipaba diario Hoy, se sumó, por pedido de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, la llamada “Ley Lucio”), hay seis que tienen íntima relación con el funcionamiento de la Justicia. Y el pedido de juicio político no es el único que afecta a la Corte.

En efecto, uno de los expedientes que están a consideración de los legisladores en estas semanas es el de ampliación del máximo tribunal. Es una iniciativa que recoge los puntos centrales de varios proyectos presentados el año pasado desde distintas bancadas. La iniciativa ya fue aprobada en el Senado, pero aún no fue refrendada por los diputados. Y es que el tema es tan urticante como el propio pedido de jury a los supremos. Juntos por el Cambio (JxC) se opone con fuerza.

Otro de los temas álgidos (que también concita el sólido rechazo del principal frente opositor) es la designación del juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, que pondría fin al largo período de Eduardo Casal como procurador interino (cuatro años). El Gobierno tiene la mira puesta en Casal hace tiempo, y funcionarios de todas las líneas han lanzado críticas al procurador por su presunta parcialidad. Pero el asunto no llegó hasta ahora al Congreso, porque JxC garantiza que no dará los votos necesarios y, así, preservará al funcionario judicial.

Una situación que se repite en forma idéntica en la provincia de Buenos Aires con Julio Conte Grand, exfuncionario del gobierno de Marí­a Eugenia Vidal, aferrado a su puesto de procurador a pesar de los indicios de su participación en la “Gestapo antisindical” y varias otras manchas que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señaló más de una vez. El macrismo lo sostiene en su cargo, y el radicalismo, su principal aliado en Juntos, también.

De todas maneras, el Presidente Fernández incluyó, en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, el punto: “Tratamiento del acuerdo requerido para designar al procurador general de la Nación”. Algo que, aunque no modifique el panorama en términos de votos, instalará una vez más el tema en el debate público, algo a lo que el oficialismo aspira con el pedido de juicio político a la Corte y otros temas en los que sabe que las cuentas no le dan.

Otro tema que el Gobierno decidió poner sobre el tapete a través del Congreso es la reforma del Congreso de la Magistratura, el organismo encargado de la designación y remoción de jueces. Esto también tiene mucho que ver con su pelea con la Corte, porque fue ese tribunal el que declaró inconstitucional la ley que estuvo vigente durante 16 años, y fue Horacio Rosatti, el presidente de la Corte, quien decidió designarse a sí mismo, también, como presidente del Consejo. Con una nueva ley, el Gobierno pretende normalizar la situación del organismo y, claro, sacar a Rosatti de allí.

Otros tres proyectos relativos al Poder Judicial esperan ser tratados durante este período extraordinario. Se trata, por un lado, de una modificación en la legislación sobre el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos; por otro, de un proyecto para abordar la violencia institucional en las cárceles y entre la Policía; y, finalmente, de una iniciativa que propone modificar la ley de Ejecución Penal. Estas tres iniciativas son menos controvertidas que las otras ya enumeradas, y tienen más posibilidades de ser aprobadas en el Congreso.