Hay una posibilidad de llegar a un consenso ya que “se están acercando posiciones para que haya un acuerdo”.
Hoy el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, junto a productores y comercializadores intentarán llegar a un acuerdo para establecer precios para 1.247 productos de consumo hasta el 7 de enero del 2022.
“Hay intención de diálogo y negociación, hay voluntad de que prospere un acuerdo. Lo que no se va a modificar es la decisión política de establecer una canasta amplia con precios retrotraídos al 1° de octubre y vigente hasta el 7 enero”, aseguraron fuentes oficiales.
Según confirmaron desde el Ejecutivo, hay una posibilidad de llegar a un consenso ya que “se están acercando posiciones para que haya un acuerdo”, sin embargo, aseveraron que “la decisión del Gobierno es inamovible”.
En la reunión de mañana, al igual que en el encuentro realizado el miércoles pasado, participarán directivos de las empresas Diarco, Maxiconsumo, Vital, La Anónima, Coto, Día, Changomás y Carrefour, así como de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.
También participarán de la reunión autoridades de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), y de las firmas Swift, Alicorp, Ledesma, Sancor, Prodea, Ilolay, Danone, Cabrales, Coca Cola, Unilever, Fecovita y Saraco, entre otras.
Tal como lo confirmó el ministro Feletti, el objetivo principal es que la canasta básica no consuma el sueldo y que se pueda entrelazar la política de precios con la política de ingresos. “El indicador que vamos a usar para definir esta situación tiene que ver con la correlación del impacto de la canasta básica alimentaria en el salario de un trabajador formal”, dijo Feletti.
Las empresas ya “mandaron unas contrapropuestas que se están evaluando y el lunes se va a hacer la reunión con los mismos, con la intención de cerrar el acuerdo”, concluyó la fuente.
Por lo tanto, todavía no se descarta la posibilidad de poner en práctica “leyes de precios máximos no consensuadas”, tal como lo adelantó el funcionario responsable de la cartera de Comercio Interior.
“Evidentemente si no se llega a un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes, que yo trataba de impedir porque yo creo en los acuerdos sociales”, había asegurado el secretario, quien además detalló que las mayores resistencias se perciben en los productores más que en los comercializadores.