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Una denuncia penal pone bajo sospecha los créditos millonarios del Nación a funcionarios y legisladores oficialistas.
04/04/2026 - 00:00hs
La polémica por los créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas escaló al plano judicial. La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal para que se investigue si en la concesión de esos préstamos existieron irregularidades que pudieran configurar delitos como tráfico de influencias, administración fraudulenta o negociaciones incompatibles.
Frade advirtió que los montos otorgados no se corresponden con los ingresos ni con la capacidad de repago de los beneficiarios, y cuestionó que se haya financiado a funcionarios sin estabilidad laboral o a legisladores con mandatos limitados.
La denuncia se sumó a los pedidos de informes impulsados por otros dirigentes opositores, como Esteban Paulón, que reclamó detalles sobre los legajos crediticios y las actas del Directorio del Nación.
Deudas expuestas
La controversia se alimentó además por la difusión en redes sociales de un relevamiento del sitio “¿Cuánto deben?”, que expuso deudas millonarias de funcionarios vinculados al Palacio de Hacienda y al propio Banco Central.
Entre los nombres aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, con una deuda inicial de $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas y exdirector del BCRA, con $367 millones; y Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital, con $112 millones. También figuran diputados de La Libertad Avanza como Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con pasivos que rondan entre $230 y $279 millones. Mientras algunos beneficiarios defendieron públicamente la legalidad de los créditos y acusaron a la oposición de “malicia política”, el Banco Nación emitió un comunicado en el que aseguró que el proceso de otorgamiento es homogéneo y sin excepciones. No obstante, reconoció que desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares.
La investigación judicial ahora deberá determinar si esos préstamos se ajustaron a la normativa vigente o si implicaron un uso irregular de recursos públicos que podría derivar en responsabilidades penales.