El anuncio de la suba del mínimo imponible, que se realizó esta semana, hizo que la cuestión monetaria se convirtiera en el tema central de la política. En ese aspecto, economistas examinan el posible efecto que tendría en el bolsillo de la gente.
16/09/2023 - 00:31hs
Luego de que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunciara que a partir del próximo 1° de octubre el piso del impuesto a las Ganancias subirá hasta los 1.770.000 pesos mensuales, el debate político y económico se incrementó aún más, siendo este uno de los temas más resonantes de la agenda de los medios de comunicación.
La noticia fue oficializada por el funcionario en la Plaza de Mayo luego de un encuentro que mantuvo en el Palacio de Hacienda con los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y autoridades de la Cámara de Diputados, donde se precisó que el piso será equivalente a 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) mensuales, actualmente en $118.000.
En tanto, con esta situación, a partir de que quede vigente la normativa, unos 800.000 trabajadores dejarán de pagar el tributo que, en más de una ocasión, ha sido motivo de conflicto entre la clase política.
En concreto, el proyecto plantea que el impuesto cambie de nomenclatura por la de “impuesto a los mayores ingresos” y que solo lo paguen quienes realicen tareas de CEO, gerencias, subgerencias y puestos calificados, así como jubilaciones y pensiones de privilegio, que representan menos del 1% (0,88%) del total de los empleos registrados del país.
En ese aspecto, los sectores más beneficiados con el nuevo mínimo no imponible son los de la industria manufacturera (19,13%); defensa, seguridad, enseñanza pública y administración pública (14,50%); intermediación financiera y servicios de seguros (11,94%); comunicaciones (7,84%); servicios de transporte y almacenamiento (7,71%); enseñanza privada (6,33%); comercio al por mayor y por menor (5,82%).
Seguido de estos, en el tramo final de la lista se ubican: prestaciones de servicios (8,10%); suministro de electricidad, gas, agua y cloacas (5,06%); construcción (3,11%); salud y servicios sociales (2,91%); alojamiento y servicios de comida (0,90%); agricultura, ganadería y pesca (0,65%); y resto de actividades (0,20%).
La mirada política
Siendo este el tema más abordado por los diferentes actores de la clase política durante la última semana, los opositores al ministro de Economía, Sergio Massa, salieron al cruce y pusieron el grito en el cielo al considerar que se trata de una medida “electoralista”, que surge del “oportunismo” del funcionario por querer mejorar su imagen.
Lo cierto es que el anuncio se dio en el marco de un contexto adverso para el postulante oficialista, y que surgió incluso luego del lanzamiento de una gran batería de medidas económicas con al menos 12 puntos, que se dio a conocer tras el magro resultado en las PASO que Massa tuvo el 13 de agosto.
Si bien los miembros del espacio al que pertenece el ministro vieron con buenos ojos esta modificación del piso del tributo, personajes como José Luis Espert, Fernando Iglesias, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich se mostraron en contra de que se avance con ello.
Sin ir más lejos, desde Juntos por el Cambio adelantaron que no acompañarían el proyecto y, pese a que fue una promesa de campaña de Macri en el año 2015, adelantaron que van a votar en contra en el Congreso.
“No solo es una medida irresponsable, sino que Ganancias es de los pocos impuestos nacionales que no hay que eliminar: el político paga de manera muy directa el costo de aumentarlo”, dijo el diputado libertario José Luis Espert, coincidiendo con Iglesias, que ironizó: “Gran idea la de bajar Ganancias al 10% que cobra los mejores salarios y bancar el punto del PBI que cuesta con inflación, que pagan todos. ¡Voten a Sergio Massa! El progresismo más loco del mundo”.
Contrario a esto, los movimientos de trabajadores, encabezados por la CTA, entre otros sectores, se mostraron satisfechos con esta acción y señalaron: “Es un poco de esperanza en medio de tanta fantasía”.
Por ejemplo, el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Carlos Minucci, manifestó que “es bienvenido todo lo que ayude para que el trabajador mejore su salario”.
El impacto en el bolsillo
Haciendo un análisis más profundo, la economista María Castiglioni dijo a la prensa que se trata de “una medida con mirada electoralista, tiene un costo fiscal de 0,3% del PBI, que se suma al 0,5% de costo del paquete de medidas que ya había anunciado Economía”.
“Es un problema, porque el Gobierno se había comprometido a reducir el déficit fiscal. Esto significa más déficit y, en un país que no tiene financiamiento y ya agotó el crédito doméstico, más emisión inflacionaria. Lo que le da a un pequeño sector lo van a pagar todos”, consideró.
En tanto, con una mirada un poco más optimista, el profesional Sebastián Menescaldi aseveró: “El impacto impositivo y el costo fiscal de la medida no será tan grande y es financiable dentro de lo esperable, no tiene un costo fiscal muy alto en lo que se refiere a pérdida de ingresos en el corto plazo”.
Mientras que el analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) recordó: “En 2014, cuando Moyano y compañía hacían paros a Cristina, el impuesto afectaba al 10% de los trabajadores. Pero en 2019, el último año del gobierno de Macri, llegó a afectar al 23%”.
LLa realidad es que el objetivo de “recuperar la agenda”, tal como lo dijo Massa en uno de sus últimos discursos, terminó llegando a buen puerto y de ahora en más habrá que ver cómo se seguirá desarrollando la campaña de cada uno de los candidatos, que tienen a cuestas la cuestión económica marcada por la imparable inflación.