Gustavo López: “Sin conectividad, no tenés educación ni conocimiento”

—¿Cómo tomaron desde el Enacom el DNU?
—La resolución que toma el Presidente va en dos sentidos. Por un lado, apunta a congelar las tarifas por la cuestión de la pandemia, para no provocar un segundo aumento. Entre marzo y abril había aumentado, ahora (hoy, 31 de agosto) volvía a aumentar y este último incremento al Presidente (Alberto
Fernández) le parecía que era una barbaridad, y a nosotros también. El aumento, en el caso de la telefonía fija, superaba el 20% y, en el caso de los otros servicios, rondaba entre el 11% y el 15%, según la empresa. Hay que agregarle que tres o cuatro meses antes, ya en pandemia, se había aumentado.
Por otro lado, está la necesidad del Estado de volver a intervenir en algo que es un servicio esencial. Por eso es tan importante que el Presidente reponga lo que ya estaba en la Ley de Argentina Digital, del 2014, de servicio público esencial y de competencia. Le agrega la telefonía celular que no estaba.
Lo más importante es reconocer esto como un derecho humano básico, reconocer esto como algo esencial e imprescindible para la vida cotidiana de las personas en el siglo XXI. Sin conectividad, no tenés educación ni conocimiento. Incluso tenés comprometido el acceso al trabajo.
El Presidente lo declara servicio público esencial y repone como facultad regular precio, y además agrega la tarifa social. Regular precios no significa que nosotros lo establecemos, sino que la empresa no puede aumentar si no demuestra variantes de costos y de inversión para justificar subir la tarifa.

—Las empresas dicen que el DNU las tomó por sorpresa
—Nosotros en marzo, cuando ya había sido declarada la pandemia y nos encontrábamos en el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), negociamos con las empresas que el aumento que ellas ya tenían programado siguiera congelado al 31 de agosto.
Algunas empresas habían aumentado en marzo y otras en abril. En abril “permitimos” el aumento, en realidad no teníamos ninguna facultad para permitir, pero les decíamos: “Ya que estamos en una situación en la que no se puede trabajar, en la que los chicos están estudiando en sus casas, y que ustedes aducen que tienen la necesidad de aumentar, congelemos hasta el 31 de agosto”.
Cuando todos nos dimos cuenta de que la pandemia seguía, lo que les planteamos era que no aumenten, porque la situación del país estaba peor, no mejor.

—¿Este último planteo fue hecho en la última reunión antes del DNU?
—No. Ya lo veníamos haciendo en el último mes. Cuando ellos dijeron que igualmente iban a aumentar, nosotros les planteamos congelar hasta febrero de 2021, porque la sociedad no soportaría un segundo aumento en la pandemia y cuando la economía todavía está en crisis.
La respuesta fue: “Vamos a aumentar y no vamos a congelar”. Les advertimos que no íbamos a aceptar eso, que el Poder Ejecutivo seguramente algo iba a hacer, pero que también el Congreso tenía proyectos de congelamiento, por un lado, y proyectos de declaración de servicio público a esta actividad.
Entonces, el Poder Ejecutivo tomó el toro por las astas y dijo: “No podemos aceptar esto en este momento, por eso el congelamiento es una medida excepcional; pero, por otro lado, más allá del congelamiento, retomemos la facultad que ya estaba en una ley y que (Mauricio) Macri derogó por DNU en 2015. Retomemos la facultad de intervenir en el precio”. Que intervenga el Estado, como es en la medicina prepaga, por ejemplo, no inventamos nada.

—¿Qué pensás de la ausencia de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral Parlamentaria, teniendo incluso este partido dos legisladores que en su momento bregaron con proyectos porque la telefonía móvil sea un servicio público?
—Es una responsabilidad de Juntos por el Cambio. Creo que hay un sector de la política que por defender los intereses económicos de las empresas se olvida de la gente. El senador (Juan Carlos) Marino había presentado un proyecto, y había alrededor de diez diputados que habían presentado proyectos en el mismo sentido.
Es un reclamo del conjunto de la sociedad hace años. Las asociaciones de usuarios y consumidores vienen reclamando esto. Hay un dato de la realidad: en esta actividad había una sola parte, que era la empresa. No importa si la empresa es pyme, cooperativa o grande. No había otra parte. No había quien defienda los intereses de los consumidores.
Cuando se pone esto por primera vez en la ley de 2014, Cambiemos lo modifica en 2015 con el DNU 267. En el medio, la actividad sigue creciendo, se hace más imprescindible y obviamente que algunos senadores y diputados de Cambiemos, entendiendo que no podía seguir habiendo aumentos unilaterales, pensaron que tenía que haber una regulación. Es falso que acá hubiera especulaciones, que si nos peleamos con un grupo nos peleamos con otro.
Esta actividad aumentó un 10% por encima de la inflación en los últimos cinco años. No es que se perdió plata. El año pasado, el aumento de tarifas fue del 63% contra el 53% de inflación.
Entonces, la pregunta es: ¿qué pasaba el martes 1° de septiembre si llegaban aumentos de entre el 15% y el 25%? ¿Qué iba a decir la gente? Que el Estado no hace nada. Y lo iba a decir con razón. Bueno, el Estado intervino. Frenó el aumento porque parece un disparate en la pandemia, pero además dice: “A partir de ahora, para aumentar tienen que justificar el porqué”
¿Y por qué es esto? Porque es un servicio esencial y la gente no puede estar desconectada. Y se agrega la tarifa social. Obviamente las empresas defienden sus intereses y es correcto, pero ni las estatizamos, ni es Venezuela.
Lamento que los senadores y diputados que deberían estar defendiendo el interés del usuario y del consumidor, incluso aquellos que habían presentado proyectos similares, hoy por una cuestión de oportunismo político no lo hacen. Y bueno, deberán responder ante la gente.

—¿Y la postura del sector empresarial acerca de que con el congelamiento de las tarifas y la declaración de servicio esencial no se va a invertir?
—Sería bueno que se les pregunte cuáles eran los planes de inversión que estaban ejecutando. A ver si había alguno y qué empresa lo estaba ejecutando. Porque los planes de inversión cayeron estrepitosamente de 2018 para acá.
El problema de los planes de inversión es que la economía en los últimos dos años del macrismo se fue al subsuelo. Ellos dejaron de invertir y el Estado dejó de invertir.
Cuando se analiza la inversión pública durante el kirchnerismo, te da casi 3.500 millones de dólares por parte del Estado en la Red Federal de Fibra Óptica, en 33.000 kilómetros que hizo el gobierno de Cristina (Fernández) de obra civil y tendido de triducto, y 12.000 kilómetros de iluminación, más las 280 torres de TDA (Televisión Digital Abierta), y una serie de inversiones. Es decir, un promedio de 260 millones de dólares por año.
En los años del gobierno de Macri, la inversión fue 264 millones de dólares en cuatro años. Quiere decir que la inversión pública se redujo en un 75%.
La inversión privada entre 2016 y 2017 fue alta porque eran los contratos que habían firmado en el 2015 de 4G. Después, la inversión empezó a caer porque cayeron las conexiones, porque la gente no tenía dinero.
Que pongamos un precio donde el Estado tiene que autorizar no tiene nada que ver con las inversiones, porque además en el precio se van a respetar las inversiones. Es un latiguillo que utilizan porque les quedaría feo decir: “Nosotros queremos seguir aumentando y no nos importa la gente”. Dicen: “Peligran las inversiones”. Demuestren cuáles. Cuando autoricemos aumentos, la inversión será clave, y además el Estado ha vuelto a invertir y esa inversión que hace el Estado es infraestructura que después utilizan todos. No vamos a mirar hacia atrás. Hacia adelante el precio va a estar equilibrado entre costo, inversión y ganancia. Así que la inversión va a estar contemplada sin ningún
problema.