“Hay un circuito de corrupción evidente”

La decisión del intendente de Julio Garro a lo largo de sus mandatos de no aplicar el cobro de la denominada “plusvalía” a los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollaron en La Plata implica no solo la pérdida de ingresos muy importantes para la ciudad –como se mencionó en la edición de ayer de este medio–, sino que además pone en evidencia las prioridades de la gestión municipal que, como en la mayoría de las ocasiones, benefician a los sectores más acomodados.

En diálogo con diario Hoy, el edil del Frente de Todos Luis Arias consideró que “el mecanismo por el cual no se lo cobró lo que se debía a los emprendimientos de barrios cerrados o barrios privados muestra claramente una red de corrupción”.

“Existe desde hace tiempo una gran demanda de parte de la gente para irse a vivir a las afueras de la ciudad; la gente prefiere convivir con la naturaleza, con los animales, y hay muchos proyectos de subdivisión de tierras para esos fines. Cada hectárea de campo puede utilizarse para tener una vaca o plantar tomates, y esa tierra tiene un valor que está dado por el uso que podés darle. Una hectárea rural cuesta 30.000 dólares, pero si se fracciona para construir viviendas unifamiliares el valor cambia. En el caso de La Cañada II, si tenías campo y una hectárea que valía 30.000 ­dólares, y por el cambio de suelo se transforma en cuatro lotes de cerca de 400.000 dólares, se ganan 360.000 dólares por hectárea”, explicó.

En ese sentido, el edil agregó: “El cambio de uso de suelo rural intensivo a residencial implica una ganancia extraordinaria para el dueño de la tierra sin hacer nada; por lo tanto, a raíz de un simple cambio de ­zonificación que se hace desde el Estado, esa valoración cambia, y ese plus es la ­plusvalía”.

“La Ley de Hábitat plantea desde 2014 que si vos tenés una ganancia extraordinaria, una parte tiene que ir a la urbanización de barrios populares, por eso es de acceso justo al hábitat, para evitar que la tierra sea un factor de especulación, es decir, que el empresario gane lo que tenga que ganar, pero que una parte vaya a la sociedad, por eso se plantea el impuesto a la plusvalía, que está regulado vía ordenanza y se puede imponer hasta un canon del 30%. Garro no aplicó jamás ese impuesto; se desarrollaron en diez años, según la Facultad de Humanidades, 1.600 hectáreas que se urbanizaron para barrios cerrados o countries, imaginen lo que significa si a todos se les hubiera cobrado el impuesto, con ese dinero se hubiesen resuelto los problemas de los más de 200 asentamientos que tiene la ciudad”.

En ese sentido, Arias agregó que, “en el caso de La Cañada II, donde ahora por primera vez se va a aplicar, es un escándalo, porque cuando vos hacés el desarrollo de un barrio tenés que ceder además algo de tierra para un uso social. En La Cañada II la sesión de tierra la dispusieron para hacer una rotonda en beneficio del propio barrio, y la plusvalía la determinaron en 77 millones de dólares, lo cual es irrisorio porque para nosotros son cerca de 1.000 millones. Encima de eso, parte de ese canon se usa para construir la rotonda de 467 y 160, que debería construirla quien hace el emprendimiento. La construye el Estado con su dinero, es un disparate”.

“Lo único que digo es que espero que construyan bien esa rotonda, porque cuando seamos gobierno ahí vamos a poner el monumento a la corrupción, porque nadie te va a dejar hacer un negocio de 360.000 dólares por hectárea si no pasás antes por alguna oficina. Hay un circuito de corrupción evidente”, aseveró.

El concejal recordó además que “Garro tiene la mira de su gestión puesta en estos desarrollos, no por casualidad en la mesa judicial del Banco Provincia estaba sentado con los empresarios inmobiliarios, el Colegio de Arquitectos; él estaba para defender la rentabilidad de este sector que veía afectada por las medidas de la Uocra”.

Un nuevo proyecto para la plusvalía

El propio Arias presentó una iniciativa para modificar la ordenanza fiscal y simplificar toda la normativa vinculada con la plusvalía y la creación de un “observatorio de la renta urbana”: “Vamos a seguir presentando otros proyectos fundamentalmente porque creemos que, además de los desarrolladores privados, el Estado debe ser no solo un planificador, sino un desarrollador, y hoy no está haciendo ninguna de esas cosas”.

“Todos los años Garro nos sorprende cerca de Navidad y Año Nuevo con rezonificaciones exprés: en 2018 aprobó con su ­mayoría automática en el Concejo Deliberante 18 proyectos que después la propia Universidad Nacional de La Plata a través de un estudio reveló que eran zonas inundables. La ley 8.912 plantea además que las rezonificaciones tienen que estar aprobadas por la ­Provincia, y hasta ahora la Provincia no ha aprobado ninguna. La gente compra su lote pensando que está todo en orden y no están aprobados, deberían demolerse, y Garro ir preso”.