Impunidad

Lamentablemente, en las últimas horas, se han registrado hechos de inseguridad que tuvieron una fuerte connotación política ya que involucraron a Julio Garro,  intendente de La Plata, cuya familia fue maniatada en su propia casa, y a su par de Saladillo, José Luis Salomón, que fue asaltado por presuntos motochorros a metros de la gobernación.

Indefectiblemente lo ocurrido genera sospechas acerca de si lo sucedido no fue algún tipo mensaje mafioso de sectores que se resisten al cambio, que están pugnando por quedarse con algún tipo de negocio o que se sientieron“tocados” con el discurso del último martes de la gobernadora María Eugenia Vidal. Casualmente, la mandataria provincial anunció ante la asamblea legislativa la firma de un decreto para obligar a todos los jefes policiales a presentar su declaración jurada de bienes.

En ese sentido, un dato por demás llamativo es que el supuesto facilitador del robo habría sido un subteniente de la policía que vive en el mismo barrio, a pocos metros de la casa de Garro.

En medio de todo este intríngulis, se le suma la polémica por el negocio de la basura y los violentos episodios que se vienen registrando desde hace semanas en el mercado central de La Plata, una cuna de maniobras tan sucias como millonarias, donde tal como lo hemos reflejado infinidad de veces en las páginas de Hoy intervienen mafias vinculadas a la política y a las barrabravas, que están dirimiendo sus diferencias a los tiros.

Hay preguntas que pocos se hacen: ¿Cómo es posible que dos personas, a plena luz del día, puedan ingresar sin ningún tipo de impedimento a la casa de la máxima autoridad política de la ciudad, en uno de los barrios más exclusivos y custodiados de la región?, ¿Cómo es posible que motochorros le arrebaten a un intendente a metros de la gobernación que es un lugar que, supuestamente, debería ser la zona con mayor vigilancia de la Provincia de Buenos Aires?, ¿a nadie llamó la atención que un policía, de bajo rango en el escalafón, estuviese viviendo en un country, a metros del intendente y que supuestamente sea ese mismo policía el que delate la casa del jefe comunal sabiendo que iba a generar un escándalo nacional?

En definitiva, lo ocurrido ayer en La Plata no es más que una muestra del estado de indefensión e impunidad que hemos heredado tras 12 años de gobierno kirchnerista. Vivimos en un país donde Alberto Nisman, un fiscal de la Nación que estaba investigando el mayor atentado terrorista de nuestra historia, apareció muerto hace más de un año y cada vez aparecen más sospechas de que habría sido asesinado por su denuncia de encubrimiento contra la expresidenta. Partiendo de la base de lo que significa el escandaloso caso Nisman, poco puede sorprender. De hecho, la provincia de Buenos Aires no es ajena a este estado de putrefacción política y judicial. Cada tapa que se abre en la administración pública bonaerense, emana olor a mafias, delitos y robos.

Estamos en una época donde la corrupción ha calado muy hondo y nada de esto es gratuito. Una prueba de ello es lo que tantas veces hemos denunciado sobre lo que ocurre en el IOMA, una cueva de negociados que se han realizado a costa de la salud de miles de trabajadores a quienes, todos los meses, se les descuenta una parte muy significativa de su salario.

Ayer, la propia gobernadora definió al IOMA como “el caso emblemático” de la corrupción en la Provincia y prometió realizar una serie de denuncias penales, cuando finalice la auditoría que están llevando a cabo (ver Vidal promete denunciar la corrupción sciolista).  Sus dichos son un paso positivo, dado que la primera mandataria de la Provincia había abordado el tema con cierta liviandad durante su discurso ante la Asamblea legislativa.

Ahora bien, en el gobierno de Vidal saben muy bien que, en lo que se refiere al IOMA, podrían haber actuado mucho antes. En los últimos años, hay numerosas denuncias penales que se acumularon en los tribunales y hay funcionarios imputados –y hasta procesados- que siguen vinculados al instituto.
 
Tal como lo reflejamos el lunes pasado, los responsables de haber robado medicamentos oncológicos de alto costo, que terminaron siendo vendidos clandestinamente en una red de farmacias de La Plata y el interior bonaerense, siguen cobrando sus sueldos como agentes del Estado y pese a que la denuncia data del año 2011 aún no se cerró el sumario administrativo.

En rigor, si realmente se pretende hacer un cambio copernicano en el IOMA, la obra social no debería tardar en ser intervenida. De esta forma, se podría poner en marcha una gestión como la que llevó adelante Graciela Ocaña en el PAMI quien, tras años y años de saqueo de los recursos de los jubilados, echó a las mafias. Y logró poner en pié una obra social que se encontraba absolutamente desbastada.

Cuando Ocaña renunció al gobierno, su trabajo en el PAMI comenzó a ser desmantelado por el kirchnerismo que, no por casualidad, recurrió a las mismas prácticas que aún predominan en la obra social bonaerense.

Con la intervención, se podría sacar de un plumazo a todos los elementos corruptos del directorio del IOMA, heredados de la gestión sciolista, incluidos los representantes sindicales –Patricia Nisembaum y Luis Pérez- que responden a los dirigentes Carlos Quintana (UPCN) y Roberto Baradel (Suteba), que también fueron denunciados penalmente. 

Una vez más, se hace imprescindible hacer realidad una frase que ha calado muy hondo en la sociedad: “con las mafias no se negocian, se las combate”.