Inseguridad y sobrepoblación carcelaria en la Provincia

El gobierno de Vidal pondrá en marcha un programa para paliar la crisis penitenciaria. El Ministerio de Justicia asegura que hay más de 35.000 presos, cuando las plazas llegan solo a 26.000. Retomarán la construcción de cárceles y alcaidías 

El gobierno bonaerense pondrá en marcha un plan para enfrentar la aguda crisis del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Según informaron a Hoy el ministro de Justicia de la Provincia y el secretario de Derechos Humanos, Gustavo Ferrari y Santiago Cantón, actualmente existe una sobrepoblación carcelaria de 9.000 presos que se encuentran hacinados. Los números hablan por sí solos: hay más de 35.000 personas privadas de su libertad, cuando el sistema solo cuenta con 26.000 plazas.

“No hay manera de que, en esas condiciones, la mayoría de estas personas no vuelva a delinquir cuando salga de la cárcel. Es una situación que merece una respuesta, desde los derechos humanos y desde un sistema de autoprotección para reinsertar a todas estas personas. Nuestro plan es a diez años, trasciende el gobierno de María Eugenia Vidal”, dijo Ferrari a Hoy. Y agregó: “Nosotros tenemos una superpoblación de 9.000 presos, sin tomar los estándares de las Naciones Unidas. Si tomáramos esos parámetros, serían muchos más”.

Según el Ministerio de Justicia, la primera etapa del plan será una readecuación de los establecimientos carcelarios que están funcionando actualmente, algunos de los cuales datan de principios del siglo XX. Por ejemplo, el penal de Bahía Blanca fue inaugurado en 1909. El objetivo es sumar, por año, 2.000 nuevas plazas al servicio penitenciario.

Además, el gobierno bonaerense reactivará la construcción de cárceles que se encontraban abandonadas, y se prevé levantar dos unidades carcelarias nuevas el año que viene. “No se construye una cárcel con capacidad para 1500 personas, desde el año 2001. Además, estamos trabajando con la agencia de bienes del Estado, con ferrocarriles y con el Ministerio de Defensa para identificar establecimientos que puedan ser destinados a cárceles de mediana o mínima seguridad. También estamos viendo la posibilidad de que las intendencias faciliten inmuebles para que funcionen las alcaidías, que descompriman las comisarías”, dijo Ferrari. Una de las nuevas alcaidías estará ubicada en Ensenada.

En ese sentido, en el Ministerio reconocen que, actualmente, hay 2.310 presos alojados en comisarías, siendo una herencia de la gestión kirchnerista y del gobierno de Daniel Scioli que, sistemáticamente, desobedecieron los llamados de atención de la Corte Suprema de Justicia para que no se encierren detenidos en dependencias policiales. En ese sentido, el hecho de que haya presos en comisarías resiente todo el sistema de seguridad, ya que personal policial debe cumplir la tarea de custodiar a los reos y hay menos efectivos para combatir el delito en las calles.

“La Provincia de Buenos Aires recibe anualmente alrededor de 2.200 internos, mientras que la tasa de recambio del sistema es de unos 600. Ello, sumado a un índice de encarcelamiento alto (por encima de la media nacional) deriva en el agravamiento de la situación a futuro”, consigna el diagnóstico realizado por el Ministerio de Justicia

Ferrari reconoció que, en los últimos meses, han detectado nichos de corrupción dentro del sistema penitenciario, que “también existen en otros ámbitos institucionales de la Provincia de Buenos Aires”. “Cuanto peor está la situación, más corrupción hay. Cuando el Estado no provee un colchón por cada preso o cuando no hay comida, aumenta la connivencia de algunos sectores de los penitenciarios con el delito. En lo que va de nuestra gestión ya pasamos a disponibilidad a 52 personas del servicio penitenciario, hay veinte sancionados y diez detenidos”, remarcó el funcionario. También reconoció que se ha comprobado el desvío de fondos del Estado, que deberían haberse destinado al SPB, para otros fines. 

“Los recursos que supuestamente se debían destinar a la compra a granel de alimentos eran desviados. Por eso instrumentamos un sistema de viandas para que haya más control”, dijo Ferrari. También denunció que más de la mitad de los talleres y de los emprendimientos productivos, en los que deberían estar trabajando los presos para su rehabilitación, “están cerrados”. 

“Casi no hay trabajo en las cárceles, y los sistemas de provisión de educación tienen carencias notables”, concluyó el ministro de Justicia.

Cambios en la carrera y en el estatuto

El plan del gobierno bonaerense contempla impulsar la modificación del Estatuto del Personal Penitenciario. Además, buscará la reestructuración de la organización penitenciaria en cuatro carreras de inicio (Seguridad, Asistencia y Tratamiento, Profesional Técnico, y Administrativo) y, por otro lado, una Plana Mayor Única de Nivel Profesional a la que se accederá a partir de determinados requisitos como capacitación, antecedentes laborales y título universitario.

También se buscará reformar el régimen disciplinario del Estatuto del Servicio Penitenciario Bonaerense, incorporando temas como la sanción de la corrupción administrativa y/ o penal, el uso indebido de drogas, tanto en la vía pública como en el servicio.

Además, se implementaría un conjunto de medidas tendientes a mejorar el procedimiento de visitas de familiares de internos, en especial a través de la toma de datos biométricos a familiares, a fin de reducir las horas de espera y evitar las corruptelas.

Radiografía de la crisis 

- 33.077 total de internos

- 31.760 en cárceles

- 1.317 en alcaldías

- 2.310 en comisarías

- 1.218 monitoreados electrónicamente

En relación a las condiciones de habitabilidad, el promedio del SPB está lejos del ideal recomendado (en m2 por interno). Actualmente, se cuenta con unas 26.000 plazas, lo que arroja una sobrepoblación de 7.000 internos, que ascienden a 9.000 si se consideran los alojados en comisarías

- Sólo el 40% de la población carcelaria realiza algún tipo de actividad educativa

- El 80% de la flota del Servicio Penitenciario está inutilizada y no se pueden trasladar presos

El gobierno de Vidal denunció que las cárceles no contaban ni siquiera con los candados suficientes para el cierre de rejas, puertas y portones. Además, los agentes no poseían los insumos mínimos para cumplir sus funciones y proteger su seguridad personal