Intendentes opositores en la mira

Si Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ya nos tiene acostumbrados a las denuncias en su contra por promover negocios inmobiliarios en espacios verdes o por avanzar en contra de los derechos de trabajadores de la educación (con la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, por ejemplo) y la salud (esta misma semana se denunció el despido masivo de 65 enfermeros), lo cierto es que varios intendentes bonaerenses de la misma fuerza (el frente opositor Juntos) afrontan asimismo acusaciones por presuntas irregularidades en distintos ámbitos.

Cuando parecía que el hecho más escandaloso iba a ser el robo de unos dos millones de pesos en Tarjetas Alimentar por parte de empleados de la municipalidad de Pinamar, por el cual se imputó al intendente Martín Yeza (que, aunque no es personalmente responsable del ilícito, sí tiene bajo su mando a los funcionarios que lo cometieron), otras denuncias se fueron sumando contra jefes comunales del interior de la provincia de Buenos Aires.

Los motivos van desde el cobro indebido de obras ya financiadas por el Estado provincial hasta el incumplimiento de las disposiciones de paridad de género.

Todos ellos forman parte de Juntos.

El caso del barrio Trípoli

Manuel Passaglia, el intendente de San Nicolás de los Arroyos, quedó en la mira de la Defensoría del Pueblo por las boletas municipales en que, al parecer, se incluye un ítem para el pago de obras que fueron financiadas por el gobierno bonaerense, a cargo de Axel Kicillof. Es decir que, según se sospecha, el municipio, a través de la Secretaría de Obras Públicas, estaría intentado cobrarles a los vecinos una obra que ya fue pagada, y no justamente por el municipio.

Alejandrina Rodríguez, delegada local de la Defensoría, explicó a la prensa que la obra de pavimentación del barrio Trípoli “ya fue ejecutada gracias a los fondos enviados por la Provincia” y, por lo tanto, acompaña el reclamo de los vecinos que consideran indebido el cargo en las boletas. Se trata de obras realizadas en el marco del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (Preimba), por las cuales la municipalidad nicoleña recibió 34 millones de pesos del Estado provincial.

Por eso, Rodríguez elevó un pedido de informes para que el municipio explique “si el convenio suscripto autoriza el cobro de este tipo de tasas y cuál ha sido el costo total de la obra para el caso de que los fondos adjudicados no hayan sido suficientes”.

Passaglia ya enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que se inició en 2018. En 2020, la Justicia embargó bienes del jefe comunal y sus familiares.

¿Venta ilegal de terrenos?

Esta semana también se confirmó que la Justicia investiga más de 30 denuncias por ventas de lotes municipales supuestamente fraudulentas en el distrito de Olavarría, en las cuales estarían implicados un asesor del intendente Ezequiel Galli y un puntero político de la zona, además de dos policías.

La fiscal Paula Serrano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 4 del Departamento Judicial de Azul, está a cargo de la investigación de los hechos, que constituirían un centenar de estafas por un total que superaría los 80 millones de pesos argentinos, a razón de 800.000 pesos por operación.

Entre los cuatro imputados están Mariano Ciancio, asesor del municipio, y Ariel Peralta, puntero territorial de Juntos; la fiscal ordenó allanamientos para recabar elementos de interés para el caso. Ahora, la fiscal está citando a los presuntos damnificados por esta operatoria. En declaraciones televisivas, Peralta apuntó a Ciancio y a otras dos personas relacionadas con Galli, un funcionario y un exfuncionario.

Cuestión de género

En un caso que no tiene que ver con movimientos de dinero pero sí de equilibrios políticos, el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, fue cuestionado por el bloque de ediles del Frente de Todos, por incumplir la disposición legal que establece la paridad entre hombres y mujeres en la composición del Concejo Deliberante.

Ornela Carli, concejala massista en el Frente de Todos, denunció una “estafa procesal y mala praxis recurrente” por el reemplazo de dos mujeres que fueron reemplazadas en sus bancas por hombres cercanos al intendente. Una de las mujeres que dejaron libres sus escaños es Mariel Ibarguren, la esposa del jefe comunal.

Etchevarren dio que hablar el año pasado cuando convocó a marchas para apoyar al expresidente Mauricio Macri, que había sido citado a declarar por el juez federal Martín Bava, de Dolores, en la causa por espionaje ilegal a familiares de las víctimas del estallido del submarino ARA San Juan.